Una organización provida sostiene ante la Corte Suprema de Indiana que la libertad religiosa no ampara el aborto
La controversia se originó en marzo, cuando la jueza Christina Klineman, del Tribunal Superior del Condado de Marion, emitió una orden judicial permanente que impide aplicar la prohibición del aborto a dos demandantes anónimas. Ambas alegaron creencias relacionadas con la autonomía corporal, la idea de que la vida comienza al nacer y que el feto forma parte del cuerpo de la madre. Una de las mujeres se identificó como judía, mientras que la otra afirmó guiarse por creencias religiosas y espirituales personales.
Imagen de una manifestación pro aborto/ Suzanne Cordeiro
La organización jurídica Thomas More Society presentó un escrito ante la Corte Suprema de Indiana para solicitar que rechace los argumentos que pretenden reconocer un supuesto derecho al aborto bajo el amparo de la libertad religiosa. El caso enfrenta al estado con dos demandantes que sostienen que la prohibición del aborto vulnera sus creencias religiosas y espirituales.
Según informó LifeSiteNews, la legislación de Indiana prohíbe la mayoría de los abortos durante el embarazo, con excepciones en casos de violación, incesto o emergencias médicas durante las primeras diez semanas de gestación, así como anomalías fetales hasta las 20 semanas. La normativa también exige atención médica para los bebés que sobrevivan a intentos de aborto.
La controversia se originó en marzo, cuando la jueza Christina Klineman, del Tribunal Superior del Condado de Marion, emitió una orden judicial permanente que impide aplicar la prohibición del aborto a dos demandantes anónimas. Ambas alegaron creencias relacionadas con la autonomía corporal, la idea de que la vida comienza al nacer y que el feto forma parte del cuerpo de la madre. Una de las mujeres se identificó como judía, mientras que la otra afirmó guiarse por creencias religiosas y espirituales personales.
La demanda sostiene que negarles el acceso al aborto violaría la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de Indiana (RFRA), aprobada en 2015, que limita la capacidad del Gobierno para imponer cargas sustanciales al ejercicio de la religión sin demostrar un interés estatal imperioso y el uso de los medios menos restrictivos para alcanzarlo.
La oficina del fiscal general de Indiana, Todd Rokita, apeló la decisión y la Corte Suprema estatal aceptó revisar el caso en abril. Los argumentos orales están programados para septiembre.
"Este caso es un caballo de Troya"
"Este caso es un caballo de Troya. La ACLU y sus clientes quieren llamarlo libertad religiosa, pero no lo es", afirmó Thomas Olp, vicepresidente ejecutivo de Thomas More Society. Según el jurista, aceptar esta interpretación no solo debilitaría las protecciones provida vigentes en Indiana, sino que también alteraría el significado y propósito de la libertad religiosa.
El escrito sostiene además que la tradición del derecho natural, que influyó en los fundamentos legales de Indiana y de Estados Unidos, condenó históricamente el aborto al tiempo que defendió la libertad religiosa. También afirma que el estado tiene un interés imperioso en la protección de la vida prenatal, requisito contemplado por la legislación estatal.
Por su parte, la directora ejecutiva de Voices for Life, Melanie Lyon, expresó el respaldo de la organización al fiscal general y al estado de Indiana en la defensa de las leyes provida. "La libertad religiosa nunca debe convertirse en un arma legal para justificar la violencia contra los niños por nacer y sus madres", señaló.
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