Un juez prohíbe a reclusos varones acceder a "zonas privadas exclusivas para mujeres" y determinadas viviendas en una prisión federal femenina

El presidente Trump defendió la decisión de Tucker Carlson de entrevistar al presunto antisemita Nick Fuentes, a quien Trump recibió en Mar-a-Lago hace tres años, amenazando con dividir al movimiento conservador más allá de las repercusiones por la Fundación Heritage.

Ahora su Departamento de Justicia corre el riesgo de dividir a la coalición en otro tema: las mujeres encarceladas que buscan desalojar de sus prisiones a los reclusos varones que se identifican como mujeres lo más rápido posible, e impedir su regreso.

El juez de distrito Sidney Fitzwater desestimó las objeciones del DOJ y propuso el lunes una orden de restricción temporal contra la Oficina de Prisiones que impide al Centro Médico Federal Carswell de Texas "alojar a cualquier recluso varón dentro de la población general femenina en cualquier unidad de alojamiento" donde estén o vayan a estar alojadas dos demandantes mujeres.

El FMC Carswell no debe permitir que "ningún recluso varón entre o permanezca en ninguna zona de intimidad exclusiva para mujeres (incluidas duchas, baños, vestuarios y dormitorios)" a la que tengan acceso Rhonda Fleming o Miriam Crystal Herrera, "para que las demandantes no estén expuestas a reclusos varones mientras se duchan, van al baño, se visten o duermen", reza el texto.

Los funcionarios pueden "reasignar a los reclusos varones lejos de las áreas de alojamiento y privacidad de las demandantes" o "alojar a dichos reclusos en un área segura y segregada en FMC Carswell (incluida la Unidad Hospitalaria o un entorno comparable) que preserve el acceso a la programación y los servicios al tiempo que impida el acceso a las áreas de privacidad exclusivas para mujeres", escribió el nominado por el presidente Reagan.

Dio a las partes hasta el mediodía del miércoles para ponerse de acuerdo sobre el lenguaje modificado antes de entre en vigor la orden temporal de alejamiento como está escrita, y hasta el 24 de noviembre para sugerir fechas para "una audiencia probatoria sobre la defensa del argumento sobre el agotamiento de las reclamaciones de las demandantes".

Los federales parecen atrapados entre la espada y la pared, con otro juez federal bloqueando la orden ejecutiva (OE)  de Trump que prohíbe reclusos varones en prisiones federales femeninas, mientras que el DOJ argumenta que Fleming y Herrera se apuraron al acudir a los tribunales antes de agotar los recursos administrativos, defendiendo tácitamente la política de identidad de género de su predecesor.

La orden de restricción temporal del juez Fitzwater está adaptada para encajar dentro de los parámetros de la orden judicial contra la OE de Trump, que no impide que las cárceles de mujeres separen a reclusos y reclusas en las mismas instalaciones, como pretendían Fleming y Herrera, según el periodista Wesley Yang.

Se trata de la primera orden judicial contra este tipo de alojamiento mixto en cárceles de mujeres tras años de litigios a nivel estatal y federal, según declaró a Just the News la ex magistrada del Tribunal Judicial Supremo de Massachusetts Elspeth Cypher, confirmando la afirmación de Yang.

"Es una gran victoria tener cualquier reconocimiento oficial del daño causado por estas políticas, y esperamos que otros tribunales empiecen a reconocerlo también", escribió en un correo electrónico Lauren Bone, directora legal del Frente de Liberación de la Mujer, donde Cypher trabaja como secretaria.

El WoLF, un grupo feminista radical crítico con la ideología de género, ha participado activamente en las luchas estatales contra las políticas de internamiento en prisión basadas en la identidad de género, pero el año pasado perdió su demanda contra la ley de California (SB 132) en nombre de las reclusas por un tecnicismo.

Ha pasado más de un año sin acción alguna desde que el Estado Dorado solicitó desestimar la demanda enmendada de WoLF, y mientras tanto presentó comentarios públicos sobre la implementación final de la SB 132, con funcionarios estatales aparentemente "tratando de retroceder en algunos de los aspectos más atroces de la ley" y grupos de defensa transgénero que probablemente se resistan, dijo Bone.

Uno de los intervinientes en la impugnación de WoLF de la SB 132, el recluso Tremaine Carroll, tiene previsto un juicio en enero por acusaciones de violación de reclusas tras su traslado a una prisión en virtud de la SB 132, según Bone. Quien además aseguró que el juez ordenó a los abogados "y posiblemente" a los testigos y víctimas que describieran a Carroll como una mujer.

Este otoño, el Tribunal de Apelaciones de EEUU para el Circuito del Distrito de Columbia denegó la petición de WoLF de presentar un amigo del tribunal (o amicus curiae) en la impugnación de la OE de Trump porque llegó tarde, lo que WoLF achacó a que el juez permitió a los impugnadores usar seudónimos y ocultar en qué prisiones se encontraban. (Cypher detalló las dificultades en un artículo reciente).

Bone dijo que el Circuito de Washington DC ignoró la seguridad de las mujeres en los argumentos orales, y que con el escrito de WoLF rechazado, "ya no hay nada en el expediente sobre los daños a las mujeres encarceladas".

Hombres con antecedentes de asesinato y violación, alojados con mujeres

Fleming ya había impugnado la política de transexualidad de la Oficina de Prisiones (BOP) como una violación de su intimidad corporal en una demanda anterior contra el director del Instituto Correccional Federal de Tallahassee, en Florida, cuando estaba alojada allí, lo que dio lugar a una cobertura previa al juicio en The Free Press. El juez de distrito estadounidense Mark Walker consideró que la política del BOP "no era irrazonable" en un juicio sin jurado.

El desafío federal Fleming-Herrera a la política de la BOP está en su cuarta demanda enmendada, presentada este mes, como muestra el expediente. Ambas son reclusas "no violentas, de mínima seguridad" en el FMC Carswell, "el único centro médico para reclusas" de la BOP, dijeron.

Herrera, de 34 años, se unió a la demanda en la tercera enmienda este verano. WoLF pagó la tasa de presentación de la demanda, presentada inicialmente por Fleming, de 60 años, en febrero, dijo Bone.

El alojamiento de varones en un centro femenino viola los "derechos constitucionales y estatutarios a la intimidad corporal y al libre ejercicio de la religión" de las mujeres, que se ven "obligadas a ducharse, desvestirse, dormir y utilizar los aseos en presencia de reclusos varones", en lugares donde normalmente no se permite la presencia de guardias masculinos, dice la última versión de la demanda.

A menudo no hay "barrera visual significativa", como en las cabinas de las duchas, que tienen "huecos de aproximadamente cuatro pulgadas alrededor de las puertas para permitir a las guardias femeninas ver dentro de las duchas", dice el expediente.

"Las reclusas están expuestas a los genitales masculinos, al voyeurismo, al acoso sexual y al miedo constante a las agresiones sexuales", lo que provoca "ansiedad aguda, insomnio y daños psicológicos duraderos" a las supervivientes de los abusos.

La demanda cita datos de la BOP obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información que muestran que el 51% de los reclusos varones que se identifican como mujeres están encarcelados por delitos sexuales, "casi cuatro veces más que la tasa de encarcelamiento por delitos sexuales dentro de la población masculina general de la BOP".

Además, identifica a nueve reclusos masculinos por nombre legal y número de prisión en FMC Carswell, uno de los cuales comparte bloque con Fleming, y que sus condenas incluyen violación y asesinato.

Uno de ellos mató al amante de su mujer mediante un "atentado con una bomba de tubo", y otro agredió a un agente federal y atracó un banco para su organización antigubernamental de supremacía blanca. Otros cuatro fueron condenados por delitos sexuales contra menores y una anciana, incluido el "intento de seducción de un menor" y distribución de pornografía infantil, para el compañero de bloque de Fleming.

En la demanda se acusa a la Oficina de Prisiones de tomar represalias contra Fleming y Herrera por hacer valer sus derechos. Un capellán de un centro anterior denunció a Fleming por referirse a un recluso como hombre y, en julio, los funcionarios amenazaron con asignar a Fleming a una celda de la Unidad de Alojamiento Especial con un hombre que había agredido a reclusas, obligándola a elegir la "vigilancia por riesgo de suicidio" en su lugar.

Los funcionarios de la BOP amenazaron con trasladar a Herrera a cientos de kilómetros de su familia de Texas después de que se uniera a la demanda, "sin justificación penológica legítima y en contra de la política de la BOP", lo que demostró su "intención transparente de anular este litigio" e impulsó a los demandantes a solicitar una orden de restricción temporal y una orden judicial permanente.

La oposición del DOJ decía que las cuestiones legales estaban claras. Ninguna de las demandantes "participó en el proceso de recurso administrativo requerido antes de presentar la demanda" bajo la Ley de Reforma de Litigios Penitenciarios de 30 años de antigüedad, por lo que no tienen "ninguna probabilidad de éxito sobre el fondo de cualquier reclamación."

Fleming ha presentado casi 500 solicitudes de recursos administrativos en sus 15 años bajo custodia federal y ha "navegado satisfactoriamente los requisitos de procedimiento" para agotar alrededor de 40 de ellos, ninguno involucrando a reclusos varones, dijo el DOJ. Ambas demandantes alegaron que los formularios no les fueron entregados, pero que tienen "numerosas maneras de obtener formularios de quejas".

La oposición entra en grandes detalles sobre la legitimidad del traslado de Herrera fuera del FMC Carswell, que está superpoblado. "Este proceso comenzó mucho antes de que el abogado fuera nombrado y mucho antes de que los demandantes intentaran la notificación", dijo el DOJ.

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