El DOJ pagará $1,25 millones al consultor Carter Page para cerrar su demanda por las escuchas ilegales durante la trama rusa

El Departamento de Justicia acordó pagar 1,25 millones de dólares al consultor político Carter Page, exasesor de la campaña de Donald Trump en 2016, para poner fin a la demanda que este había presentado por las escuchas ilegales a las que fue sometido durante la llamada "trama rusa".

El acuerdo fue comunicado este miércoles a la Corte Suprema por el procurador general D. John Sauer, según informó el New York Times.

Page, que nunca fue acusado de ningún delito, había sido objeto de cuatro rondas de órdenes de vigilancia del tribunal FISA entre finales de 2016 y mediados de 2017. Las solicitudes del FBI, como quedó demostrado años después, estaban plagadas de errores, omisiones materiales y manipulaciones diseñadas para hacerlo parecer más sospechoso de lo que realmente era, recordó el NYT.

Los tribunales habían rechazado la demanda anterior

La demanda original de Page, que reclamaba $75 millones por violaciones a sus derechos constitucionales, había sido desestimada en 2022 por la jueza federal Dabney Friedrich, designada por el propio presidente Trump. En un fallo de 54 páginas, Friedrich calificó las denuncias de Page como "preocupantes", pero sostuvo que había demandado a las personas incorrectas, es decir, a los funcionarios involucrados (James Comey, Peter Strzok, Kevin Clinesmith, entre otros) que habían redactado o autorizado las solicitudes, pero no ejecutado materialmente la vigilancia.

Tras esa derrota, Page apeló hasta la Corte Suprema. Pero antes de cualquier resolución del alto tribunal, el nuevo DOJ, ya bajo control de la Administración Trump, decidió cerrar el caso con una compensación que, si bien está lejos de los 75 millones solicitados inicialmente, supone un reconocimiento explícito del abuso cometido por el aparato de inteligencia contra un ciudadano estadounidense.

Flynn, Babbitt y ahora Page

El acuerdo con Page forma parte de una serie de resarcimientos a figuras que fueron perseguidas durante la era del lawfare impulsado contra el entorno de Trump. El mes pasado, el DOJ cerró con Michael Flynn un acuerdo por 1,2 millones de dólares, poniendo fin a una batalla legal que arrancó con la investigación del fiscal especial Robert Mueller. Flynn, general retirado y exasesor de Seguridad Nacional, había retirado su declaración de culpabilidad tras conocerse las irregularidades del caso. Asimismo, el año pasado, el Gobierno federal pagó casi $5 millones al patrimonio de Ashli Babbitt, la manifestante asesinada a tiros por un oficial del Capitolio durante los disturbios del 6 de enero de 2021.

En todos los casos, la Administración Biden había intentado bloquear o desestimar las demandas. Fue la llegada de la ex fiscal general Pam Bondi al frente del DOJ lo que cambió por completo el rumbo de estos procesos. Tras la salida de Bondi, su anterior número dos, Todd Blanche, quedó como fiscal general interino.