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Acusan a un asesor de la congresista Veronica Escobar de hacerse pasar por abogado para acceder a los centros del ICE

De acuerdo con una carta enviada el 18 de marzo por el director interino de ICE, Todd M. Lyons, el trabajador social Benito Torres habría falsificado su condición profesional al menos en 11 ocasiones entre septiembre de 2025 y enero de 2026 para acceder al centro de detención conocido como Camp East Montana.

Centro de Procesamiento del ICE (Archivo)

Centro de Procesamiento del ICE (Archivo)Justin Hamel/AFP.

Diane Hernández
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Una controversia política y legal se ha desatado tras las acusaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra un miembro del equipo de la congresista texana Veronica Escobar, quien presuntamente se hizo pasar por abogado en múltiples ocasiones para ingresar a instalaciones de detención migratoria.

De acuerdo con una carta enviada el 18 de marzo por el director interino de ICE, Todd M. Lyons, el trabajador social Benito Torres habría falsificado su condición profesional al menos en 11 ocasiones entre septiembre de 2025 y enero de 2026 para acceder al centro de detención conocido como Camp East Montana.

Según el documento oficial, Torres afirmó ser abogado o "representante acreditado" ante instancias migratorias, incluso asegurando contar con un formulario G-28 firmado —documento que certifica la representación legal de un detenido. El ICE sostiene que estas declaraciones eran falsas y que le permitieron reunirse con detenidos bajo custodia federal.

Uso indebido de teléfonos y violaciones de seguridad

La acusación va más allá de la suplantación de identidad profesional. ICE señala que, durante una visita el 30 de enero, Torres habría introducido un teléfono móvil —algo estrictamente prohibido— y lo habría distribuido entre varios detenidos.

El propio administrador del centro detectó la situación y confrontó al asesor, quien en ese momento admitió no ser abogado y aseguró estar allí como ciudadano particular. No obstante, también habría declarado que su visita estaba coordinada con la oficina de Escobar y con autoridades de ICE, algo que posteriormente fue desmentido por la agencia.

"Las pruebas disponibles demuestran que su empleado se hizo pasar por abogado, violó normas de seguridad y realizó declaraciones falsas al personal", escribió Lyons en su misiva, en la que además se notifica la prohibición permanente de acceso de Torres a cualquier instalación de ICE.

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Investigación en curso y presión política

Tras el incidente, el ICE revisó registros históricos y concluyó que Torres habría repetido este patrón en múltiples visitas previas. La agencia ahora solicita a la congresista Escobar que aclare si su empleado actuó bajo instrucciones de su oficina y si colaborará con una eventual investigación federal.

El caso no sería aislado. La agencia menciona un incidente similar ocurrido en noviembre de 2025, cuando un miembro del equipo de la senadora Tammy Duckworth fue despedido tras hacerse pasar por abogado para acceder a detenidos.

Respuesta de Escobar: "Acusaciones infundadas"

La congresista Escobar rechazó categóricamente las acusaciones a través de su cuenta oficial en X, defendiendo a su colaborador:

​"Tengo todas las razones para creer que estas acusaciones son infundadas", afirmó, describiendo a Torres como "un servidor público dedicado, veterano del Ejército y miembro experimentado de mi equipo".

​Escobar también contraatacó señalando que el ICE ha ignorado reiteradas solicitudes de información sobre el centro Camp East Montana, incluyendo denuncias por muertes bajo custodia, brotes de enfermedades como COVID-19, sarampión y tuberculosis, así como presuntos casos de abuso y falta de atención médica y legal.

​Asimismo, acusó a la Administración federal de utilizar "tácticas de intimidación" contra miembros del Congreso para obstaculizar su labor de supervisión.

El DHS respalda las acusaciones

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reiteró públicamente las acusaciones, afirmando que Torres no solo se hizo pasar por abogado, sino que también firmó documentación federal declarando representar legalmente a detenidos específicos.

Según el DHS, los registros y testimonios del personal confirman un patrón reiterado de conducta engañosa.

El caso abre un nuevo frente de tensión entre autoridades migratorias y legisladores demócratas, en un contexto ya marcado por críticas sobre las condiciones en centros de detención y el alcance de la supervisión congresional. La posible derivación en una investigación federal podría escalar aún más el conflicto político en Washington.

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