Una jueza federal ordena el cierre y desmantelamiento parcial del centro de detención ‘Alligator Alcatraz’ por daños ambientales

El futuro del centro de detención migratorio conocido como Alligator Alcatraz quedó en entredicho este jueves, luego de que una jueza federal ordenara el cierre del lugar y el desmantelamiento parcial de sus instalaciones debido a daños ambientales.

La decisión, emitida por la jueza Kathleen M. Williams, del Tribunal de Distrito Federal en Miami, representa un duro revés para el proyecto impulsado por la Administración Trump y el gobernador republicano de la Florida, Ron DeSantis.

Williams determinó que las autoridades estatales y federales violaron la legislación ambiental al no realizar una revisión de impacto antes de levantar la instalación en pleno ecosistema de los Everglades. En su resolución, la jueza dijo que el centro representa un riesgo significativo tanto para los humedales como para las comunidades indígenas Miccosukee que dependen de esas tierras.

“El proyecto crea un daño irreparable en forma de pérdida de hábitat y aumento de la mortalidad de especies en peligro de extinción en la zona”, reprendió la jueza Williams.

De acuerdo con el New York Times, la Administración Trump había argumentado que la revisión bajo la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) no aplicaba en el caso porque el centro es operado por el estado de la Florida, a pesar de albergar detenidos federales.

Mientras tanto, el gobernador Ron DeSantis afirmó que su autoridad provenía de un acuerdo con el Gobierno federal que, en la práctica, delegaba facultades de aplicación migratoria a Florida.

No obstante, Williams sentenció que la aplicación de la ley migratoria federal es el “motor principal” del Alligator Alcatraz. Citó, específicamente, que el centro está sujeto a financiamiento, estándares y directrices federales. Por ende, también está sujeto a las leyes ambientales federales.

“Si camina como un pato, grazna como un pato y se ve como un pato, entonces es un pato”, sentenció la jueza, que dio a las autoridades 60 días para reubicar a los detenidos y retirar infraestructura como cercas, torres de iluminación y generadores eléctricos, además de prohibir cualquier construcción adicional en el lugar.

El caso se enmarca en la estrategia del gobernador DeSantis, que ha hecho de la aplicación estricta de la ley migratoria un sello de su administración estatal, convirtiéndose en un aliado directo de la Casa Blanca. Florida, puntualmente, se convirtió en pionera al operar directamente un centro de detención para inmigrantes bajo acuerdos con el Gobierno federal. De hecho, existen planes de abrir una segunda instalación en una prisión desocupada cerca de Jacksonville.

Este acuerdo entre la Casa Blanca y el Sunshine State está inspirando a otros estados a tomar medidas similares.

Se espera que el estado apele la decisión, pero el fallo fortalece las demandas presentadas por organizaciones ambientalistas y por la tribu Miccosukee, que había denunciado la falta de consulta y el impacto en sus tierras ancestrales del centro migratorio. Científicos y activistas también advirtieron que la instalación amenaza especies como el puma de Florida, marcado como una especie en peligro de extinción.