La EPA desmonta el activismo climático: la agencia deroga las normas de 2024 para centrales eléctricas y anuncia un ahorro de más de $310.000 millones

La Administración Trump ha eliminado los límites federales a las emisiones de carbono de las centrales eléctricas de carbón y gas, en una medida que presenta como un paso decisivo para reforzar la seguridad energética y reducir costes para consumidores e industrias. 

El anuncio se hizo en Houston, durante una reunión de ministros de energía del G20, y deroga la mayoría de las normas de emisiones aprobadas en 2024 bajo la presidencia de Joe Biden.

El fin de una "guerra contra el carbón"

El administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), Lee Zeldin, defendió la decisión al argumentar que las políticas climáticas de las administraciones de Obama y Biden habían desatado una "guerra contra el carbón" que ponía en riesgo la fiabilidad y el precio de la electricidad. Según Zeldin, la nueva línea de la agencia busca garantizar que los ciudadanos no tengan cargas regulatorias excesivas. 

"Estamos trabajando para ir aún más lejos y desatar por completo el potencial energético de Estados Unidos. Aprovechar al máximo la energía estadounidense significa más empleos, precios más bajos y una América más próspera", dijo el administrador. 

Desde esta perspectiva, las normas de 2024, que exigían reducciones de hasta el 90% de las emisiones de CO2 en determinadas plantas, se consideran inviables y perjudiciales para el sistema eléctrico. La EPA sostiene que esos requisitos forzaban la adopción de tecnologías de captura de carbono aún no consolidadas a gran escala y que, en la práctica, aceleraban el cierre de centrales que siguen siendo clave para la estabilidad de la red.

"Durante los periodos de máxima demanda eléctrica, el carbón y el gas natural siguen desempeñando un papel fundamental para mantener las luces encendidas", afirmó el secretario de Energía, Chris Wright. "El anuncio de hoy ayudará a garantizar una generación eléctrica fiable, tanto si sopla el viento como si brilla el sol, al permitir que las centrales de carbón y de gas natural sigan produciendo energía cuando los estadounidenses más la necesitan".

Desregulación récord y ahorro para el sector

La agencia calcula que la derogación de las normas sobre centrales eléctricas generará un ahorro superior a $310.000 millones para el sector energético. Si se aprueba de forma definitiva, la nueva propuesta ahorraría otros $370 millones en costes directos de cumplimiento. Zeldin presentó la medida como parte de la "mayor desregulación del sector energético de la historia", una iniciativa que, según el Ejecutivo, reducirá la burocracia y facilitará nuevas inversiones en generación eléctrica.

"La Administración Trump está ahorrando cientos de millones de dólares a los estadounidenses mediante soluciones energéticas de sentido común que ponen fin a las desastrosas políticas del Green New Scam de la Administración Biden, aplicadas a costa de la seguridad energética y del futuro de nuestra nación", afirmó Doug Burgum, presidente del Consejo Nacional de Dominancia Energética y secretario del Interior.

Para los defensores de la medida, este cambio llega en un momento de fuerte crecimiento de la demanda, impulsado por la expansión de centros de datos, la electrificación de la industria y el aumento del consumo residencial. Desde este ángulo, mantener abiertas más centrales de carbón y gas y agilizar nuevos proyectos se ve como una condición necesaria para evitar apagones y contener las facturas de la luz.

El debate sobre las competencias de la EPA

Además de eliminar las normas de 2024, la EPA ha propuesto retirar los requisitos federales restantes sobre gases de efecto invernadero de las plantas eléctricas. La propuesta defiende que la agencia no tiene autoridad, bajo la Ley de Aire Limpio, para regular las emisiones del sector eléctrico por su impacto en el cambio climático global.

Esta línea argumental se apoya en la revocación, anunciada en febrero, de la llamada "Declaración de Peligro" de 2009, la determinación científica que establecía que los gases de efecto invernadero amenazaban la salud y el bienestar públicos. Para los partidarios de la medida, regular las emisiones de CO2 de las centrales estadounidenses tendría un efecto marginal en el calentamiento global, mientras que impondría costes elevados a la economía nacional.