Mamdani y James demandan a la Administración Trump para frenar la norma que puede denegar la green card por usar ayudas públicas

Nueva York y una coalición de estados y ciudades pidieron este lunes a un tribunal federal que bloquee la ampliación de la regla de "carga pública" del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cuya entrada en vigor está prevista para esta semana. 

La norma permitiría a los oficiales de inmigración denegar visados y green cards si consideran que el solicitante, y en algunos casos un familiar ciudadano, usa o podría usar prestaciones como Medicaid, SNAP, vivienda o comidas escolares. La Administración sostiene que la regla recupera el criterio legal de que quien pide residencia permanente no debe depender de ayudas públicas. 

Una definición en disputa

Hay dos frentes. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, encabeza la demanda de ciudades, a la que se suman Chicago, San Francisco, Seattle, el condado de Santa Clara y el condado de King. La fiscal general Letitia James lidera otra, con 21 estados y el Distrito de Columbia, también ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Los demandantes alegan que el DHS se sale de lo que el Congreso definió históricamente como "carga pública", es decir, la dependencia principal de asistencia en efectivo o la institucionalización de largo plazo, y que ahora se computan ayudas temporales o no monetarias, incluso las de hijos ciudadanos.

Un posible éxodo de Medicaid

En rueda de prensa, Mamdani dijo que la medida no afecta a ciudadanos ni a quienes buscan protección humanitaria, como el asilo. "La nueva norma de carga pública no solo pasa por encima de más de un siglo de jurisprudencia consolidada; es intencionadamente vaga como medio para crear incertidumbre y miedo y aislar a los neoyorquinos inmigrantes". 

El socialista añadió: "Que no haya duda: esto es un esfuerzo descarado para despojar a los neoyorquinos de los servicios en los que confían, de las prestaciones públicas a las que tienen derecho". Según sus cálculos, hasta 4 millones de personas podrían verse forzadas a darse de baja de sus planes de salud por temor a que sus trámites migratorios se vean perjudicados.

James, en un comunicado oficial, cargó contra el efecto disuasorio: "Las familias trabajadoras no deben verse obligadas a prescindir del apoyo que necesitan por miedo a que pedir asistencia las lleve a la deportación". La fiscal expresó que "esta regla se ceba en ese miedo y cuenta con que las familias renuncien a la ayuda alimentaria, la cobertura sanitaria y otras prestaciones públicas a las que tienen derecho por ley". 

Miles de millones en juego y un precedente de 2019

Las demandas citan estimaciones del propio Gobierno federal: el "efecto de enfriamiento" podría recortar unos $4.050 millones al año en transferencias de Medicaid y CHIP a los estados y unos 1.000 millones en SNAP. Una versión similar de 2019, en el primer mandato de Trump, acabó bloqueada en los tribunales y luego fue revertida en 2022.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a las peticiones de comentario. La norma, salvo orden judicial, entra en vigor el viernes.