La ilusión del 'supermercado público': una lección que Nueva York se niega a aprender de Venezuela

La propuesta del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de destinar 70 millones de dólares en fondos públicos para crear una red de cinco supermercados estatales promete, en teoría, aliviar el bolsillo de los ciudadanos con descuentos fijos del 30 % en alimentos básicos.

Sin embargo, la medida ha encendido las alarmas de analistas económicos, legisladores y gremios comerciales, quienes advierten sobre un patrón histórico bien documentado: la intervención del Estado en la cadena de distribución de alimentos no corrige la inflación, sino que —en la práctica— destruye la competencia y deriva en distorsiones fiscales e inseguridad alimentaria.

El gobierno neoyorquino defiende el proyecto argumentando que el costo de la cesta de la compra en la ciudad ha aumentado un 66% en la última década.

No obstante, la estrategia de exonerar a estos establecimientos del pago de alquileres e impuestos inmobiliarios —mientras se fijan precios artificiales financiados por los contribuyentes— replica (con toda la intención o por error, aún estamos por descubrirlo) los primeros pasos del modelo de economía planificada aplicado por el régimen de Hugo Chávez en Venezuela, desde 1999.

El precedente de la red alimentaria chavista: de la promesa del precio justo al colapso

Ya en 2003, el régimen venezolano lanzó la Misión Mercal, una red estatal de distribución de alimentos concebida bajo la misma premisa que abandera hoy la administración Mamdani: eximir al Estado de los costos de la cadena comercial para ofrecer productos básicos a precios fuertemente subsidiados.

A Mercal le siguió en 2007 la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL) y en 2010 la estatización y expropiación de cadenas privadas de supermercados para dar paso a la red pública Abastos Bicentenario, controlada por el gobierno.

Al igual que en el planteamiento neoyorquino, el argumento oficial venezolano sostenía que la especulación del sector privado justificaba una "opción pública" para fijar precios supuestamente éticos.

Sin embargo, la realidad operativa rápidamente desmanteló el entusiasmo inicial. Al financiar las enormes diferencias de precio mediante inyecciones de dinero público, los establecimientos estatales aplastaron la competitividad del pequeño comercio minorista, los abastos de barrio y las cadenas independientes, incapaces de competir contra un monstruo con liquidez ilimitada e inmunidad fiscal.

Para el año 2015, según mediciones de diversas organizaciones independientes, el índice de escasez general en Venezuela superaba el 80 % en los productos sometidos a control y subsidio estatal. 

La red pública, erosionada por la ineficiencia burocrática, la corrupción en las importaciones y la imposibilidad de sostener subsidios millonarios, terminó convertida en un sistema de racionamiento caracterizado por colas kilométricas, desabastecimiento crónico y el deterioro absoluto en la calidad de los insumos disponibles.

La distorsión del mercado minorista y el peligro del subsidio permanente

Las agrupaciones de comerciantes independientes en Nueva York ya han expresado temores idénticos a los experimentados en la antesala de la crisis venezolana.

El comercio alimentario opera tradicionalmente con márgenes de ganancia reducidos, que oscilan entre el 1% y el 3%. Al introducir supermercados gubernamentales en zonas como Hunts Point en el Bronx o East Harlem, donde la ciudad asume los costos fijos de infraestructura, la administración crea un desequilibrio artificial.

Expertos de la Citizens Budget Commission han señalado la falta de sostenibilidad presupuestaria a largo plazo. Mantener una reducción del 30 % en productos como carnes, lácteos y verduras mediante precios congelados mensualmente exige una partida permanente de subsidios que se incrementará a medida que la inflación general continúe.

Cuando el subsidio estatal se vuelve insostenible, la consecuencia inevitable es el desabastecimiento de los anaqueles y la previa quiebra de la red privada que servía de alternativa.

Asimismo, alternativas fiscales presentadas por analistas independientes sugieren que el presupuesto inicial de 70 millones de dólares invertido en la construcción y subsidio de estas unidades podría financiar más de un millón de membresías de abasto mayorista en el sector privado, logrando economías de escala sin necesidad de crear una burocracia estatal permanente ni asumir la gestión directa del inventario alimentario.

La experiencia venezolana demuestra de forma fehaciente que el intervencionismo estatal en la fijación de precios y la distribución minorista produce el efecto opuesto al deseado.

El plan de supermercados públicos en Nueva York ignora las lecciones de la historia económica reciente, especialmente el dramático caso de Venezuela, donde miles han muerto de hambre, arriesgándose a reemplazar la dinámica del libre mercado —la única capaz de garantizar el abastecimiento eficiente— por un modelo de subsidios insostenibles que amenaza con socavar la red comercial de la ciudad.