La Corte Suprema se alinea a la Administración Trump y da luz verde a una mayor vigilancia sobre los titulares de la green card
El máximo tribunal avaló que las autoridades migratorias actúen contra residentes permanentes acusados de ciertos delitos, una decisión que podría ampliar el alcance de futuros procesos de deportación.
Un hombre durante una protesta frente a la Corte Suprema por temas de inmigración (Archivo)
La Corte Suprema emitió este martes una decisión que podría marcar un precedente para millones de residentes permanentes legales en el país.
En una votación de 6 a 3, los magistrados respaldaron la actuación de las autoridades migratorias en un caso que analiza hasta dónde puede llegar el Gobierno federal cuando un titular de la green card enfrenta acusaciones criminales.
La resolución citada por AP gira en torno a Muk Choi Lau, un residente permanente legal que en 2012 regresó a Estados Unidos tras un breve viaje a China. A su llegada, fue colocado bajo un mecanismo migratorio conocido como "parole" o libertad condicional migratoria debido a acusaciones relacionadas con la venta de mercancía falsificada.
Posteriormente, Lau se declaró culpable de vender ropa falsificada en Nueva Jersey, pero argumentó que las autoridades migratorias habían excedido sus facultades al tomar medidas antes de que existiera una condena formal en su contra.
La mayoría conservadora de la Corte rechazó ese planteamiento.
En la opinión del tribunal, redactada por el juez Clarence Thomas, los agentes fronterizos no estaban obligados a presentar pruebas concluyentes de que Lau había cometido un delito antes de adoptar decisiones relacionadas con su admisión al país y su situación migratoria.
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Un fallo que podría influir en futuros casos migratorios
Más allá del caso individual, expertos consideran que la decisión podría tener consecuencias significativas para otros residentes permanentes legales que enfrenten investigaciones o acusaciones penales.
La administración Trump defendió durante el litigio una interpretación amplia de las facultades del gobierno en materia migratoria, argumentando que la sospecha razonable de ciertos delitos puede justificar acciones administrativas antes de que exista una sentencia definitiva.
Para grupos que respaldan una política migratoria más estricta, la decisión fortalece la capacidad de las autoridades para actuar contra personas que, según sostienen, han incumplido las condiciones asociadas a la residencia permanente.
Sin embargo, organizaciones de derechos civiles expresaron preocupación por el alcance del fallo y advirtieron que podría abrir la puerta a medidas más agresivas contra inmigrantes que aún no han sido condenados por un delito.
La decisión llega en medio de otras batallas migratorias
El fallo se produce mientras la Corte Suprema analiza varios de los casos migratorios más importantes de los últimos años.
Entre ellos figuran disputas relacionadas con la ciudadanía por nacimiento, restricciones al asilo y programas de protección temporal para inmigrantes provenientes de países afectados por conflictos armados o desastres naturales.
Aunque el litigio comenzó años antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la decisión se suma a una serie de resoluciones que podrían redefinir el alcance de las facultades del gobierno federal en materia de inmigración.
Para millones de titulares de la green card, el mensaje es claro: la Corte Suprema acaba de ampliar el margen de acción de las autoridades migratorias en situaciones que involucran acusaciones penales, incluso cuando todavía no existe una condena definitiva.
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