La Corte Suprema limita la capacidad del Gobierno federal para desarmar a consumidores de drogas
El caso analizaba la constitucionalidad de la acusación presentada contra Ali Danial Hemani en virtud del artículo 922(g)(3) del Código, disposición incorporada a la Ley de Control de Armas de 1968, que prohíbe la posesión de armas de fuego a quienes sean “usuarios ilícitos” o adictos a sustancias controladas.

Imagen de archivo de la Suprema Corte de Washington DC
La Corte Suprema (SCOTUS) resolvió por unanimidad que la aplicación de una ley federal que prohíbe la posesión de armas a usuarios de drogas vulneró la Segunda Enmienda en el caso de Ali Danial Hemani, un ciudadano estadounidense y pakistaní residente en Texas. La decisión fue redactada por el juez Neil Gorsuch y contó con el respaldo de los nueve magistrados del tribunal.
El caso analizaba la constitucionalidad de la acusación presentada contra Hemani en virtud del artículo 922(g)(3) del Código, disposición incorporada a la Ley de Control de Armas de 1968, que prohíbe la posesión de armas de fuego a quienes sean “usuarios ilícitos” o adictos a sustancias controladas.
Según los hechos recogidos por la corte, agentes federales registraron el domicilio familiar de Hemani en Texas en 2022. Durante la operación encontraron una pistola Glock de 9 milímetros y marihuana. Hemani reconoció ante las autoridades que consumía marihuana “aproximadamente cada dos días”. Más de seis meses después fue acusado por posesión de un arma mientras era usuario de una sustancia controlada.
En su decisión, SCOTUS sostuvo que el Gobierno no demostró que la acusación contra Hemani fuera compatible con la Segunda Enmienda. Gorsuch escribió que el Ejecutivo no había “cumplido con la carga que reconoció tener de demostrar que el procesamiento del señor Hemani es compatible con la Segunda Enmienda”.
La opinión subraya que el tribunal no cuestiona que, en determinadas circunstancias, el consumo ilegal de marihuana u otras sustancias pueda convertir a una persona en un peligro para terceros. Sin embargo, añade que en este caso el Gobierno no intentó demostrar ninguna circunstancia de ese tipo.
“No cuestionamos que, en ocasiones, el consumo ilegal de marihuana (o de cualquier otra sustancia controlada) por parte de una persona pueda convertirla en un peligro para otros”, señaló el tribunal. Pero, continuó, el Gobierno pretendía que la Corte concluyera que cualquier persona que consume marihuana de forma habitual es “categóricamente violenta y peligrosa sin necesidad de ninguna otra demostración”.
La defensa del Gobierno
"No abordamos los intentos de prohibir la posesión de armas de fuego a las personas adictas ni a quienes se encuentren actualmente bajo los efectos de sustancias intoxicantes", escribió Gorsuch.
La Administración Trump defendió durante el litigio la validez de la ley federal, argumentando que la combinación de drogas y armas supone un riesgo para la seguridad pública. No obstante, el tribunal confirmó las resoluciones previas de los tribunales federales de Texas y del Quinto Circuito, que habían desestimado la acusación contra Hemani.