Victoria judicial de Trump: una corte federal autoriza mantener en vigor su arancel universal del 10%

Un tribunal federal de apelaciones dictaminó este jueves que el arancel universal del 10% impulsado por el presidente Donald Trump puede mantenerse en vigor mientras continúan los desafíos legales contra la medida, al llegar a la conclusión de que la administración republicana ha demostrado una alta probabilidad de prevalecer finalmente en el caso. La decisión del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal permite que el arancel permanezca vigente mientras el tribunal analiza la disputa en profundidad.

“Concluimos que el gobierno federal ha demostrado de manera suficiente que probablemente tendrá éxito en el fondo del asunto”, escribió el tribunal de apelaciones en una opinión sin firma. La impugnación legal fue presentada por varios estados gobernados por demócratas y dos pequeñas empresas, que sostienen que Trump no cuenta con la autoridad legal para imponer aranceles de gran alcance que, en la práctica, desencadenan un conflicto comercial global.

Tras la decisión, los opositores al arancel expresaron su decepción, aunque subrayaron que el caso aún no ha sido resuelto definitivamente. “Estamos decepcionados de que la orden judicial no se haya mantenido vigente, especialmente después de que el Tribunal de Comercio Internacional (CIT) concluyera que debía permanecer en vigor. Pero la orden de hoy no constituye una decisión sobre el fondo del caso, y no nos sorprendió. Las medidas cautelares siempre son extraordinarias”, afirmó Sara Albrecht, directora ejecutiva y presidenta del Liberty Justice Center, organización que representa a las empresas involucradas en la demanda.

La decisión representa una importante victoria para la Casa Blanca después de que un tribunal comercial de instancia inferior determinara el mes pasado que el arancel era ilegal e impidiera a los funcionarios federales cobrarlo a un grupo de demandantes que cuestionaban la política. Trump implementó el arancel después de que la Corte Suprema invalidara sus anteriores aranceles del “Día de la Liberación”, al considerar que había excedido la autoridad que le otorgaban las leyes relacionadas con poderes de emergencia. Como respuesta, la administración adoptó una nueva estrategia legal, apoyándose en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer un gravamen del 10% a la mayoría de los productos importados.