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El DOJ busca ampliar la pena de muerte e incluir el pelotón de fusilamiento: "La Administración anterior falló en su deber de proteger al pueblo"

El departamento anunció que ha anulado la moratoria sobre ejecuciones federales impuesta por Joe Biden y el ex fiscal General Merrick Garland, y ha autorizado solicitar la pena de muerte contra 44 acusados.

El fiscal General adjunto Todd Blanche

El fiscal General adjunto Todd BlancheAndrew Caballero- Reynolds / AFP.

Carlos Dominguez
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El Departamento de Justicia (DOJ) anunció este viernes medidas para reanudar la aplicación de sentencias de pena de muerte una vez agotadas las apelaciones. Entre ellas están recuperar el protocolo de inyección letal usado en la primera Administración Trump, ampliar los métodos de ejecución —incluido el pelotón de fusilamiento— y agilizar los procesos internos. 

Según el comunicado del departamento, estos pasos buscan "disuadir los crímenes más bárbaros, hacer justicia a las víctimas y ofrecer un cierre largamente esperado a sus seres queridos sobrevivientes".

El fiscal General interino, Todd Blanche, justificó la medida: "La Administración anterior falló en su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a buscar y ejecutar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de policías".

Blanche añadió que, bajo el mandato del presidente Trump, "el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y se pone del lado de las víctimas".

Se abre la puerta a más solicitudes de pena de muerte

El DOJ anunció que el departamento ha anulado la moratoria sobre ejecuciones federales impuesta por Joe Biden y el ex fiscal General Merrick Garland, y ha autorizado solicitar la pena de muerte contra 44 acusados

"Blanche ya ha autorizado pedir la pena capital para nueve de ellos, incluidos tres miembros de la MS‑13 —dos de los cuales son inmigrantes en situación irregular— acusados de asesinar a un testigo federal", señala el comunicado. 

El departamento también pidió estudiar la reubicación o ampliación del corredor de la muerte federal o la construcción de una nueva instalación que permita métodos adicionales de ejecución, y encargó la elaboración de una propuesta legislativa destinada a mejorar la seguridad pública y la justicia para las víctimas.

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