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Mississippi convierte a la inmigración ilegal en un delito estatal

El proyecto también establece procedimientos para expulsar del estado a personas indocumentadas que cometan delitos. En caso de ser promulgada, la ley entraría en vigor el próximo 1 de julio.

Alrededor de 300 migrantes de diferentes nacionalidades en una caravana rumbo a EEUU

Alrededor de 300 migrantes de diferentes nacionalidades en una caravana rumbo a EEUUAFP

Diane Hernández
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La legislatura del estado de Mississippi aprobó un proyecto de ley que tipifica la inmigración ilegal como un delito estatal, en una medida que refuerza las políticas migratorias a nivel local en el país.

El Senado estatal dio luz verde a la iniciativa SB2114 la semana pasada y la envió al gobernador Tate Reeves, del Partido Republicano, quien tenía como fecha límite el 13 de abril para firmarla o vetarla.

De acuerdo con el resumen oficial, la legislación "prohibiría la entrada ilegal o la presencia ilegal en este estado de una persona extranjera". Además, contempla mecanismos para la aplicación de la ley, otorgando inmunidad legal a los agentes del orden que la hagan cumplir.

Impacto económico de la inmigración irregular

El proyecto también establece procedimientos para expulsar del estado a personas indocumentadas que cometan delitos. En caso de ser promulgada, la ley entraría en vigor el próximo 1 de julio.

En el contexto del debate, se han citado cifras sobre el impacto económico de la inmigración irregular. Según datos mencionados por el candidato al Senado estatal de California, Mike Netter, un informe del auditor estatal de Mississippi estima que los inmigrantes ilegales generan un costo anual cercano a los 100 millones de dólares, distribuidos en 25 millones en educación, 77 millones en atención médica y 1,7 millones en gastos de encarcelamiento.

Mississippi no es el único estado que ha avanzado en este tipo de legislación. En 2024, la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, promulgó una ley similar. Un año antes, Texas también aprobó una normativa en la misma línea, la cual fue impugnada judicialmente, aunque la Corte Suprema de Estados Unidos permitió su aplicación mientras continúan los procesos legales.

Otros estados como Luisiana y Oklahoma también han aprobado legislaciones similares, reflejando una tendencia creciente en distintas regiones del país.

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