ANÁLISIS
Guerra cultural: Colorado sufre otro revés en la Corte Suprema en sus políticas contra la Primera Enmienda
El alto tribunal concluyó que la ley estatal promulgada en 2019 por el gobernador demócrata Jared Polis, que prohíbe las llamadas "terapias de conversión" para menores LGBT+, vulnera la libertad de expresión al restringir la posibilidad de manifestar opiniones contrarias.
La Corte Suprema de EEUU-Imagen de Archivo
La Corte Suprema ha vuelto a frenar una ley de Colorado en un caso relacionado con la libertad de expresión y las políticas de identidad de género y orientación sexual.
En una decisión tomada la semana pasada, los magistrados fallaron a favor de Kaley Chiles, una consejera licenciada de orientación cristiana en Colorado Springs que argumentaba que dicha ley imponía restricciones a la terapia conversacional cuando esta buscaba evitar que los menores asumieran ser transgénero o gays.
La demandante sostenía que la norma infringía la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión.
Es la tercera vez en años recientes que la Corte reprendió al estado en una disputa clave de las guerras culturales, consolidando una tendencia de fallos adversos en temas de expresión, religión y normas antidiscriminación.
La aplicación de la ley a la terapia conversacional es inconstitucional
El alto tribunal concluyó que la ley estatal promulgada en 2019 por el gobernador demócrata Jared Polis, que prohíbe las llamadas "terapias de conversión" para menores LGBT+, vulnera la libertad de expresión al restringir la posibilidad de manifestar opiniones contrarias.
Por una mayoría de 8 a 1, la Corte dio la razón a Chiles que cuestionaba esa norma estatal al considerar que el texto le restringía la posibilidad de expresar su postura sobre el tema.
La única voz discrepante fue la de la jueza progresista Ketanji Brown Jackson, quien criticó a sus colegas por "abrir una caja de Pandora", con el posible "perjuicio para la salud de los estadounidenses".
El magistrado conservador Neil Gorsuch argumentó: "En la forma en que se aplicó a la Sra. Chiles, la ley de Colorado reglamentó su discurso y fue incluso más allá al prescribir qué posiciones podía expresar o no, discriminado en base al punto de vista".
"Pero la Primera Enmienda constituye un escudo contra cualquier intento de imponer una ortodoxia de pensamiento o de palabra en este país. Expresa, por el contrario, la convicción de que todo estadounidense posee un derecho inalienable a pensar y hablar libremente", concluyó.
El abogado de Kaley Chiles, James Campbell, de la conservadora Alliance Defending Freedom (ADF), celebró en un comunicado "una victoria significativa para la libertad de expresión, el sentido común y las familias que buscan desesperadamente ayuda para sus hijos".
Un historial de ataques a la libertad de expresión
Colorado ha sido protagonista en varios intentos por obligar a dueños de negocios a crear productos o servicios que celebren matrimonios entre personas del mismo sexo, incluso cuando eso va en contra de sus convicciones personales o religiosas.
En 2018 se produjo el caso Masterpiece Cakeshop, en el que el pastelero Jack Phillips se negó a elaborar una tarta personalizada para una boda homosexual por motivos de fe. Aunque el estado insistió en sancionarlo, La Corte Suprema falló a su favor, destacando la hostilidad que mostró la Comisión de Derechos Civiles de Colorado hacia sus creencias religiosas.
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Incluso después de perder el primer round contra Phillips, las autoridades del estado continuaron persiguiéndolo con nuevas demandas durante años.
Posteriormente, en 2023, surgió el caso 303 Creative, relacionado con una diseñadora web cristiana que no quería crear páginas para bodas del mismo sexo. El alto tribunal volvió a proteger su derecho a no ser obligada a expresar mensajes con los que no estaba de acuerdo.
Colorado chocó con la justicia por un caso ligado a Trump
Uno de los casos más notorios ocurrió en las últimas elecciones presidenciales, cuando el estado intentó excluir a Donald Trump de las primarias electorales.
Esta iniciativa contó con el respaldo de la mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo del estado, controlado por demócratas. Sin embargo, la Corte Suprema revocó por unanimidad esa decisión, declarándola inconstitucional. Ni siquiera los jueces considerados progresistas apoyaron la acción.
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