Caso Kilmar Abrego García: una jueza desestimó los cargos federales y citó una “persecución vengativa” por parte del Gobierno

Una jueza federal desestimó los cargos penales contra Kilmar Abrego García, el inmigrante salvadoreño que fue deportado en 2025 y cuyo caso llamó la atención nacional. La decisión judicial concluyó que existían indicios de que el Gobierno impulsó la acusación como represalia por la batalla legal que el hombre emprendió tras ser expulsado del país a una prisión en su país de origen. 

En agosto de 2025, luego de que el salvadoreño fuera liberado, la jueza Waverly Crenshaw ordenó abrir una causa para determinar si los cargos penales contra Abrego García fueron el resultado de una “persecución vengativa” por parte de la Administración Trump. Meses después, la jueza falló en favor del salvadoreño. En concreto, encontró evidencia de que la acusación pudo haber estado motivada por una persecución. 

"El tribunal no llega a esta conclusión a la ligera. Las pruebas objetivas del caso demuestran que, de no ser por la demanda que Abrego interpuso con éxito contra su expulsión a El Salvador, el Gobierno no habría iniciado este proceso judicial", escribió la jueza. 

Abrego García fue acusado el año pasado de dos delitos por presuntamente transportar inmigrantes sin autorización legal dentro de Estados Unidos. Los cargos fueron presentados apenas regresó de El Salvador debido a una orden judicial. En su momento, el hombre se declaró inocente. 

Tras el fallo, la causa penal contra Abrego García quedó desestimada. La decisión judicial no se centró en la inocencia o culpabilidad del salvadoreño, sino en la forma en que el Gobierno federal impulsó la acusación, al considerar que existían indicios de una posible motivación vengativa detrás del proceso.

Cronología del caso de Kilmar Abrego García 

El salvadoreño ingresó ilegalmente a los Estados Unidos en el año 2011. Si bien recibió una orden de deportación ocho años más tarde, las autoridades estadounidenses determinaron que el hombre de 29 años no podía ser deportado a su país de origen por temor a que fuera perseguido.

Sin embargo, fue deportado a El Salvador en marzo de este año y enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Posteriormente, el Departamento de Justicia reconoció que esta acción fue producto de un “error administrativo” y la Corte Suprema de los Estados Unidos le ordenó a la Administración Trump “facilitar” su regreso al país. 

Al regreso se enfrentó con la acusación por parte del Gobierno. Poco después, fue liberado a finales de 2025 por orden de la jueza federal Paula Xinis. Por último, la jueza Crenshaw desestimó la causa criminal en su contra.