Un segundo tribunal de apelaciones ratifica la política de detención y deportación de ICE

Una segunda corte de apelaciones ratificó la política de detención y deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados (ICE). Los jueces del Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito dictaminaron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene base legal para detener a personas sin posibilidad de fianza antes de ser deportadas. 

El caso giró en torno a Joaquín Herrera Ávila, un ciudadano mexicano detenido en agosto de 2025 en Minnesota y que no contaba con los papeles acreditando su ingreso legal a Estados Unidos. Fue detenido sin derecho a fianza y enfrentó un proceso de deportación.

Posteriormente, un tribunal de distrito en Minnesota falló a favor de Ávila e impugnó la legalidad de su detención, lo que fue rápidamente apelado por la Administración Trump.

En una decisión de 2-1, los jueces del Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito fallaron a favor de la Casa Blanca. El juez Bobby Shepherd, nominado por el presidente George W. Bush, escribió la opinión mayoritaria. Shepherd remarcó que el Gobierno federal puede mantener detenidos a ciertos inmigrantes sin darles una audiencia para pedir libertad bajo fianza mientras avanza su proceso de deportación. 

El punto clave del fallo fue la interpretación de la categoría de “solicitante de admisión”, dentro de la ley migratoria estadounidense. Esa figura surge de Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA) de 1996. 

La ley establece que ciertas personas que buscan ingresar al país pueden ser detenidas obligatoriamente sin derecho a fianza. Tradicionalmente, esa categoría se aplicaba a quienes estaban intentando entrar al país, pero el tribunal avaló una interpretación más amplia defendida por la Casa Blanca, según la cual también incluye a inmigrantes que ya están dentro del país sin estatus legal. Por lo tanto, a efectos de la ley, sigue siendo considerado, a efectos legales, como alguien que “busca admisión”.

"El Octavo Circuito ha sostenido que los extranjeros ilegales pueden ser detenidos sin fianza, siguiendo una sentencia similar del Quinto Circuito del mes pasado. La ley es muy clara, pero los demócratas y los jueces activistas no han querido hacerla cumplir. Esta administración SÍ LO HARÁ", expresó la fiscal general Pam Bondi luego de que se conociera el fallo. 

"¿Imaginen cuántos delitos cometidos por extranjeros ilegales se podrían haber evitado si la izquierda simplemente hubiera cumplido la ley? Nuestros abogados nunca dejarán de luchar por la agenda del presidente Trump", añadió. 

Se trata del segundo fallo similar en pocas semanas. En febrero, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito permitió la detención sin fianza incluso para inmigrantes que llevaban años viviendo en Estados Unidos.