EEUU sanciona a altos funcionarios nicaragüenses por facilitar la represión del régimen Murillo-Ortega
Según el comunicado oficial del Departamento del Tesoro, los sancionados encabezan entidades financieras, laborales, de telecomunicaciones y de inteligencia militar que, de acuerdo con Washington, han sido clave en la persecución de opositores, el control social y la consolidación del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Los dictadores de Venezuela Daniel Ortega y Rosario Murillo
Washington anunció este 26 de febrero nuevas sanciones contra cinco altos funcionarios del régimen de Nicaragua, acusados de facilitar la represión política y consolidar el poder de la denominada 'dictadura Murillo-Ortega'. La medida fue adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro.
Según el comunicado oficial del Departamento del Tesoro, los sancionados encabezan entidades financieras, laborales, de telecomunicaciones y de inteligencia militar que, de acuerdo con Washington, han sido clave en la persecución de opositores, el control social y la consolidación del poder de Daniel Ortega y la copresidenta Rosario Murillo.
Los funcionarios designados
La OFAC informó que fueron designados bajo la Orden Ejecutiva 13851, modificada por la 14088:
- Denis Membreno Rivas, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
- Aldo Martín Sáenz Ulloa, subdirector de la UAF.
- Johana Vanessa Flores Jiménez, ministra de Trabajo.
- Celia Margarita Reyes Ochoa, subdirectora general de TELCOR.
- Leonel José Gutiérrez López, jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (DICIM).
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que "la dictadura de Murillo-Ortega ha continuado su campaña nacional e internacional de represión y tiranía para intimidar, reprimir y socavar a opositores políticos pacíficos y disidentes. Seguiremos exigiendo cuentas a la dictadura y amplificando las aspiraciones de libertad y justicia del pueblo nicaragüense".
Señalamientos contra el aparato estatal
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el régimen ha instrumentalizado la Unidad de Análisis Financiero -organismo encargado de prevenir el lavado de dinero- para monitorear y bloquear financiamiento a organizaciones opositoras y de la sociedad civil. Washington sostiene que la falta de autonomía de la UAF ha contribuido a la impunidad en casos de corrupción y al congelamiento de activos de disidentes sin base legal.
En el ámbito laboral, la designación de la ministra Johana Flores se fundamenta en un informe del 25 de octubre de 2025 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que documenta abusos sistemáticos de derechos laborales, confiscaciones de propiedad y condiciones de competencia desleal que afectarían a empresas estadounidenses.
Respecto al control de las telecomunicaciones, el Tesoro señaló que el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) opera como parte de un amplio aparato de vigilancia. La Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, aprobada en 2024, otorgó a TELCOR facultades para interceptar comunicaciones, recopilar datos privados y geolocalizar personas. Su directora general, Nahima Díaz, ya había sido sancionada en 2022.
En cuanto a la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (DICIM), Washington la describe como una de las estructuras más opacas y poderosas del Ejército, responsable de vigilar a manifestantes, periodistas y opositores políticos.
Mundo
Espacios sagrados y ciudadanos vigilados: la religión bajo control en Nicaragua
Diane Hernández
Implicaciones legales y financieras
Como resultado de las sanciones, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad en un 50% o más de los sancionados también queda bloqueada.
Las regulaciones prohíben a personas y entidades estadounidenses realizar transacciones con los designados, salvo autorización específica. Asimismo, instituciones financieras extranjeras podrían enfrentar sanciones secundarias si facilitan transacciones significativas en su nombre.
El Departamento del Tesoro recordó que el incumplimiento puede derivar en sanciones civiles o penales, y que el programa de denunciantes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ofrece incentivos económicos por información que conduzca a acciones exitosas.
Reacción del Departamento de Estado
El Departamento de Estado reiteró su llamado a la liberación "inmediata e incondicional" de todos los presos políticos en Nicaragua y acusó al gobierno de Ortega y Murillo de reescribir la Constitución para eliminar la separación de poderes, consolidar un control dinástico y ampliar la vigilancia estatal.
"Desde 2018, la dictadura Murillo-Ortega ha reprimido violentamente las protestas pacíficas, detenido injustamente, torturado y asesinado a opositores políticos. Esta dinastía familiar ilegítima también ha perseguido al clero católico y ha optado por silenciar y desterrar a los medios de comunicación independientes y a las organizaciones de la sociedad civil", refiere el documento.
Estados Unidos amplía su lista de sancionados
Desde las protestas masivas de 2018, organismos internacionales y gobiernos occidentales han denunciado una escalada represiva en Nicaragua, que incluye detenciones arbitrarias, exilio forzado de opositores y restricciones a medios independientes y organizaciones religiosas.
Con estas nuevas designaciones, Estados Unidos amplía su lista de sancionados bajo el programa vinculado a Nicaragua, reforzando la presión económica y diplomática sobre Managua.
LO ÚLTIMO
