El Comité de Ética de la Cámara encontró "evidencia sustancial" de que una congresista demócrata cometió fraude fiscal

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes encontró "evidencia sustancial" de que la congresista Sheila Cherfilus-McCormick (D-FL) cometió fraude fiscal. La conclusión llegó después de realizar 28 entrevistas a testigos, 33.000 documentos. La demócrata de Florida "invocó su derecho a no declarar contra sí misma, amparándose en la Quinta Enmienda". 

En concreto, el Subcomité de Investigación del Comité de Ética (ISC) halló violaciones a las leyes y regulaciones de financiamiento de campañas, leyes penales, la Ley de Ética en el Gobierno, el Código de Ética para el Servicio Gubernamental y el reglamento de la Cámara. 

"La investigación del ISC ha revelado pruebas sustanciales de conductas que concuerdan con las acusaciones de la acusación formal, así como conductas indebidas más amplias, tal y como se expone en la siguiente declaración de hechos en apoyo de las presuntas infracciones relacionadas con violaciones de las leyes y reglamentos federales, así como de las normas éticas", se lee en el informe publicado por el Subcomité de Investigación. 

"La demandada presentó inicialmente algunos documentos al ISC. A continuación, la demandada invocó su derecho a no declarar contra sí misma, amparándose en la Quinta Enmienda, tras recibir una citación duces tecum para obtener documentos que la demandada no había facilitado al ISC y una citación ad testificandum para obtener su testimonio", añade. 

Sobre la demócrata ya pesa una investigación del Departamento de Justicia (DOJ) por supuestamente haber desviado 5 millones de dólares en fondos de emergencia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), lavar el dinero y canalizar parte de los recursos hacia su campaña para el Congreso de 2021. De ser encontrada culpable, podría enfrentar hasta 53 años de prisión. 

"La acusación de hoy demuestra que nadie está por encima de la ley. Esta acusación refleja el compromiso de nuestra Oficina de seguir los hechos, aplicar la ley y proteger a los contribuyentes estadounidenses. El dinero público pertenece al pueblo estadounidense. Cuando los fondos de la FEMA se desvían para obtener beneficios personales o políticos, se erosiona la confianza y se nos perjudica a todos", señaló al respecto Jason Reding Quiñones, fiscal federal del Distrito Sur de Florida.