Una congresista demócrata de Florida es acusada de robar $5.000.000 de fondos de FEMA y financiar su campaña con el dinero

Tras dos años de investigaciones en su contra, la congresista demócrata Sheila Cherfilus-McCormick ahora enfrenta una de las acusaciones federales más graves contra un miembro en funciones de la Cámara en los últimos años.

Un gran jurado federal en Miami la imputó por, presuntamente, robar $5.000.000 en fondos de emergencia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), lavar el dinero y canalizar parte de los recursos hacia su campaña para el Congreso de 2021.

Según la acusación difundida por el Departamento de Justicia, Cherfilus-McCormick —de 46 años y representante del distrito 20 de Florida— habría participado junto con su hermano, Edwin Cherfilus, de 51, en un esquema de desvío de fondos provenientes de un contrato para servicios de vacunación contra el COVID-19.

Según el DOJ, la empresa familiar de servicios de salud, con sede en Miramar, recibió en julio de 2021 un pago en exceso de $5.000.000 de parte de FEMA. En lugar de devolver el dinero sobrante, los acusados trazaron un mecanismo para distribuirlo a través de múltiples cuentas con el fin de ocultar el origen de los fondos.

De acuerdo con los fiscales, una porción sustancial del dinero terminó financiando la campaña de Cherfilus-McCormick para ocupar la banca que dejó vacante el fallecido congresista Alcee Hastings. La demócrata ganó aquella elección especial en enero de 2022 y, posteriormente, fue reelecta en dos ocasiones.

La acusación, además, sostiene que Cherfilus-McCormick y una coacusada, Nadege Leblanc, utilizaron donantes ficticios para inflar artificialmente las contribuciones a la campaña. Para ello, habrían dirigido recursos provenientes del contrato de FEMA hacia familiares y personas cercanas, quienes luego donaban como si fueran aportes propios. Además, la congresista y su preparador de impuestos de 2021, David K. Spencer, fueron imputados por conspirar para presentar una declaración fiscal falsa, alegando gastos personales como deducciones empresariales y aumentando de forma indebida sus contribuciones caritativas.

La fiscal general Pamela Bondi calificó el caso como un ejemplo extremo de abuso de poder: “Utilizar los fondos destinados a la ayuda en casos de desastre para el enriquecimiento personal es un delito particularmente egoísta y cínico”.

Y añadió: “Nadie está por encima de la ley, y mucho menos las personas poderosas que roban a los contribuyentes para su beneficio personal”.

Jason A. Reding Quiñones, fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, subrayó la gravedad de desviar dinero destinado a emergencias nacionales: “El dinero público pertenece al pueblo estadounidense. Cuando los fondos de FEMA se desvían para beneficio personal o político, se erosiona la confianza y nos perjudica a todos”.

El fiscal, además, aseguró que la oficina continuará trabajando para proteger los recursos públicos y la confianza ciudadana.

Si es declarada culpable, Cherfilus-McCormick enfrentaría hasta 53 años de prisión. Su hermano podría recibir hasta 35 años, Leblanc hasta 10, y Spencer hasta 33. El FBI y la División de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) llevan adelante la investigación.

Al momento de publicar este reporte, la congresista no ha emitido comentarios inmediatos.