Illinois legaliza el suicidio asistido por un médico y reabre un debate ético, legal y sanitario

El gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, firmó esta semana la llamada 'Ley de Deb', una legislación que legaliza el suicidio asistido por un médico para adultos con enfermedades terminales. La norma, aprobada por márgenes estrechos en ambas cámaras del Congreso estatal, entrará en vigor el 12 de septiembre de 2026, tras un período de implementación a cargo del Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH).

Con esta decisión, Illinois se convierte en el duodécimo estado del país -además de Washington DC- en permitir que médicos prescriban fármacos letales a pacientes con un pronóstico de vida de seis meses o menos, siempre que estos los autoadministren. La medida ha generado una fuerte polarización política y social, con defensores que la presentan como una ampliación de la autonomía personal al final de la vida y críticos que la consideran una peligrosa pendiente resbaladiza.

¿Qué establece la ley?

La legislación, formalmente denominada Ley de Opciones al Final de la Vida para Pacientes con Enfermedades Terminales, permite a residentes de Illinois mayores de 18 años solicitar medicamentos para poner fin a su vida si cumplen requisitos estrictos. Entre ellos se incluyen:

La ley lleva el nombre de Deb Robertson, una defensora del proyecto que padecía una enfermedad terminal. Robertson afirmó, en un comunicado difundido por la oficina del gobernador, que la normativa busca garantizar que los pacientes tengan acceso a ayuda médica para morir sin verse obligados a viajar fuera del estado.

El argumento del gobierno y los impulsores

Al firmar el proyecto, Pritzker sostuvo que la decisión estuvo motivada por testimonios de pacientes y familias que atravesaron enfermedades terminales con sufrimiento intenso.

"Me han impactado profundamente las historias de los habitantes de Illinois o sus seres queridos que han sufrido una enfermedad terminal devastadora", afirmó el gobernador en el mensaje publicado, quien defendió la ley como una forma de respetar "la libertad y la elección al final de la vida".

En la misma línea, la líder de la mayoría en la Cámara de Representantes de Illinois, Robyn Gabel (D-Evanston), declaró que la norma refuerza "la atención compasiva, la autonomía corporal y la dignidad humana en cada etapa de la vida".

Los partidarios subrayan que la ley no obliga a nadie a recurrir al suicidio asistido, sino que amplía el abanico de decisiones disponibles para pacientes terminales, en consulta con profesionales médicos.

Críticas desde el ámbito médico, legal y religioso

La reacción de los opositores fue inmediata. El representante estatal Bill Hauter, republicano de Morton y médico en ejercicio, cuestionó duramente tanto el contenido como el proceso legislativo.

"El proceso fue pésimo. Esto se aprobó de madrugada, sin notificar adecuadamente a grupos de discapacidad, de ética médica ni a comunidades religiosas", dijo Hauter en declaraciones a The Center Square. Según el legislador, la ley corre el riesgo de crear un sistema de salud de dos niveles, en el que los pacientes con menos recursos económicos podrían verse presionados, de forma explícita o implícita, a optar por la muerte en lugar de tratamientos costosos.

Hauter también advirtió sobre riesgos de seguridad, ya que la normativa no exige la presencia de personal médico cuando el paciente ingiere los medicamentos letales, los cuales pueden provocar vómitos, convulsiones o no resultar efectivos de inmediato. Además, cuestionó la fiabilidad de los pronósticos médicos: "No podemos predecir con precisión la esperanza de vida; muchos pacientes superan ampliamente los seis meses".

Objeción de conciencia y litigios en curso

Uno de los puntos más controvertidos es la cláusula de objeción de conciencia. Aunque la ley permite que médicos se nieguen a participar directamente, críticos sostienen que sigue siendo problemática porque exige la derivación del paciente a otro profesional dispuesto a intervenir.

Thomas Olp, vicepresidente ejecutivo y abogado de la Thomas More Society, calificó la ley como "un punto de inflexión trágico y peligroso" para Illinois. En declaraciones públicas, afirmó que la obligación de derivar viola la Ley de Derecho de Conciencia de Illinois y plantea un conflicto con la Primera Enmienda.

La organización ya litiga un caso relacionado ante el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito y sostiene que la nueva norma amenaza especialmente a hospitales y clínicas religiosas, al permitir que médicos individuales participen en suicidios asistidos fuera del lugar de trabajo sin sanciones disciplinarias, incluso si contradicen las políticas institucionales.

"La verdadera compasión significa ayudar a las personas a vivir, no ayudarlas a morir", señaló la Conferencia Católica de Illinois en un comunicado.

Temor por los grupos vulnerables

Las críticas también provinieron de legisladores republicanos, organizaciones provida y defensores de personas con discapacidad. En un comunicado conjunto, republicanos de la Cámara estatal afirmaron que la ley transmite el mensaje de que ciertas vidas -las de los pobres, los discapacitados o los enfermos- son una carga.

Algunos opositores citan el caso de Canadá, donde el acceso a la eutanasia se ha ampliado de forma significativa en los últimos años, como ejemplo de una posible deriva más allá de los supuestos límites iniciales.