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El Departamento de Estado alerta al Reino Unido sobre el manejo de redes de explotación infantil

Washington cuestiona la respuesta británica  y ordena a sus embajadas monitorear el impacto de la inmigración masiva.

El primer ministro británico, Keir Starmer

El primer ministro británico, Keir StarmerAFP

Sabrina Martin
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La Administración Trump lanzó una dura crítica al Gobierno del Reino Unido por lo que considera una gestión fallida de la inmigración masiva y por la prolongada crisis de explotación infantil vinculada a redes de abuso que operaron durante décadas sin intervención adecuada.

En un comunicado, el Departamento de Estado instruyó a sus misiones diplomáticas en Europa a vigilar de cerca los efectos de la inmigración desenfrenada en el continente, poniendo el foco en el Reino Unido pero mencionando también a Alemania y Suecia.

Según la orden, las embajadas deberán reportar sobre los impactos de la migración masiva en la seguridad pública, las implicaciones para los derechos humanos y las políticas nacionales que penalicen o silencien a quienes se oponen a la inmigración continua. También recopilarán información sobre delitos y abusos cometidos por individuos de origen migrante. 

Contexto: décadas de escándalos y falta de acción

La declaración del Departamento de Estado retomó uno de los asuntos más sensibles de la política británica: las redes de explotación sexual conocidas como “bandas de secuestro” redes integradas en numerosos casos por hombres paquistaníes o del sur de Asia responsables de abusos contra miles de niñas en ciudades como Rotherham, Oxford y Newcastle. Según el Departamento de Estado, muchas víctimas permanecieron sin protección durante años pese a las reiteradas denuncias.

Un día después de la publicación del comunicado, el primer ministro Keir Starmer dijo en el G20 en Sudáfrica que la investigación nacional sobre el tema “no dejará piedra sin remover”, según reportó GB News.

Acusaciones de encubrimiento

El Gobierno de Starmer enfrenta críticas internas por la falta de una investigación nacional y por las renuncias de varias sobrevivientes que participaban en el proceso. Estas víctimas afirman que persisten intentos de minimizar el problema y describen la situación como una continuación del encubrimiento.

Ellie Reynolds, una sobreviviente, declaró que el tema ha sido “barrido bajo la alfombra” y que las voces de las víctimas “han sido silenciadas”. Su compañera Fiona Goddard, quien denunció haber sido manipulada desde los 14 años, sostiene que en su caso las autoridades la etiquetaron injustamente cuando buscó ayuda. 

El informe Casey

Antes de la investigación, Starmer había encargado una auditoría nacional a la baronesa Louise Casey, cuyo informe señaló que la etnicidad de los perpetradores no se registra en alrededor de dos tercios de los casos, dificultando un análisis completo. No obstante, los datos de varias fuerzas policiales mostraron un número desproporcionado de hombres de origen asiático entre los sospechosos, lo que Casey consideró suficiente para justificar una revisión más profunda.

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