Tribunal de apelaciones autoriza a Trump desplegar la Guardia Nacional en Oregón
La decisión 2-1 revierte el fallo de una corte inferior que había impedido el despliegue ordenado por el presidente.
Soldados de la Guardia Nacional
Un tribunal federal de apelaciones dio luz verde al presidente Donald Trump para desplegar temporalmente tropas de la Guardia Nacional en Oregón, en un fallo que marca una victoria clave para la Casa Blanca y su postura de “ley y orden” frente a las administraciones estatales demócratas.
El fallo, emitido por el Noveno Circuito en una decisión 2-1, suspende la orden previa de un tribunal inferior que había bloqueado la federalización de 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregón. La medida permite al Ejecutivo asumir el control operativo de las tropas mientras continúa el litigio sobre la legalidad del despliegue.
El tribunal cuestionó el fallo previo
El panel de apelaciones argumentó que la jueza de distrito Karin Immergut —quien inicialmente detuvo la orden presidencial— sustituyó indebidamente su propio juicio por el del presidente en una cuestión que involucra la ejecución de la ley y la seguridad nacional.
Los jueces también sugirieron que el Ejecutivo podría tener fundamentos no divulgados públicamente para justificar la medida, más allá de los disturbios reportados en Portland.
Contexto de la disputa
Trump había prometido reforzar la seguridad de la ciudad y proteger las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que describió como “bajo asedio”. Las autoridades locales demandaron para impedir que el Gobierno federal tomara el control de las fuerzas estatales, alegando una violación del principio constitucional de autonomía estatal.
Debate sobre la autoridad presidencial
Durante la audiencia, los jueces de apelación mostraron escepticismo sobre el papel de los tribunales para cuestionar decisiones presidenciales en materia de seguridad. El juez Ryan Murphy, designado por Trump, sostuvo que el envío de tropas constituye una prerrogativa interna del Ejecutivo y que los tribunales no deberían intervenir en su razonamiento.
Sin embargo, la jueza Susan Graber, designada por el expresidente Bill Clinton, expresó su disenso, argumentando que el despliegue carece de justificación fáctica o legal. Según su opinión, las manifestaciones recientes en Portland eran “pequeñas y no disruptivas” y no ponían en riesgo la capacidad de las agencias federales para operar.
Graber advirtió que el fallo “erosiona principios constitucionales fundamentales”, como el control de los estados sobre sus milicias y el derecho de los ciudadanos a la libre reunión y protesta.
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