Un juez federal falla contra la Administración Trump por usar la ley migratoria en casos de activistas propalestinos

Un juez federal en Boston dictaminó que la Administración Trump violó la libertad de expresión de manifestantes y académicos pro palestinos, por la deportación de algunos estudiantes que participaron en protestas. En una orden de 161 páginas, el juez William Young —nombrado por Ronald Reagan hace más de cuatro décadas— señaló que las acciones del Gobierno tuvieron un efecto paralizante en los campus universitarios de todo el país.

oung afirmó que altos funcionarios federales, entre ellos la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y el secretario de Estado Marco Rubio, coordinaron acciones destinadas a socavar los derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica de los demandantes, quienes eran no ciudadanos vinculados a asociaciones académicas. Según el juez, la intención no fue deportar a todos los manifestantes pro palestinos, sino seleccionar a unos pocos y aplicar contra ellos la Ley de Inmigración y Nacionalidad para desincentivar nuevas protestas.

“La libertad de expresión de nadie es ilimitada, por supuesto, pero estos límites son los mismos tanto para los ciudadanos como para los no ciudadanos”, dijo Young.

Críticas a la Casa Blanca

En su fallo, Young calificó al presidente Trump como un “matón” y sostuvo que no comprende al país al que sirve como comandante en jefe. Según el juez, la Administración estaba dominada por una obsesión con la fanfarronería y la retribución, particularmente en asuntos de expresión. Añadió que la represalia gubernamental contra la libertad de expresión está directamente prohibida por la Primera Enmienda.

El caso fue presentado por la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios y la Asociación de Estudios de Medio Oriente, que representaban a manifestantes y académicos propalestinos. Tras un juicio de dos semanas en julio, el tribunal falló a favor de estas asociaciones y concluyó que la administración Trump incumplió su juramento de “preservar, proteger y defender la Constitución” al restringir derechos fundamentales.

Young advirtió que el intento de usar medidas gubernamentales contra expresiones políticas representa una “grave amenaza” para la libertad de expresión de los estadounidenses. En sus palabras finales, planteó dudas sobre la disposición de los ciudadanos a defender esos valores constitucionales frente a las divisiones políticas actuales.