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El Tesoro impone multa millonaria a una empresa estadounidense por usar un avión venezolano-iraní ligado al terrorismo

El departamento anunció que Fracht FWO Inc., compañía de transporte con sede en Houston, deberá pagar más de 1.600.000 de dólares.

Departamento del Tesoro

Departamento del TesoroAFP

Virginia Martínez
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El Departamento del Tesoro anunció que Fracht FWO Inc., compañía de transporte con sede en Houston, deberá pagar 1.610.775 de dólares tras confirmarse que ignoró programas de sanciones de Estados Unidos relacionados con Venezuela e Irán.

El contrato cuestionado

De acuerdo con la investigación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en mayo de 2022 la firma contrató a la aerolínea venezolana EMTRASUR para movilizar autopartes desde México hacia Argentina. Esta aerolínea es filial de Conviasa, empresa controlada por el régimen de Nicolás Maduro y sancionada por Washington.

El traslado se realizó en un avión registrado en Venezuela con matrícula YV-3531, pero que en realidad estaba asociado a Mahan Air, una aerolínea iraní vetada en Estados Unidos. A ello se sumó que la tripulación era iraní, lo que convirtió la operación en una doble violación a los programas de sanciones.

Impacto económico y gravedad del caso

Según el informe de OFAC, el contrato permitió que el régimen venezolano recibiera un beneficio de aproximadamente 935.000 dólares. La agencia concluyó que la transacción involucró activos bloqueados por sus vínculos con Irán y la proliferación de actividades ilícitas.

El organismo calificó la actuación de la empresa como “atroz” y subrayó que no fue reportado de manera voluntaria, lo que aumentó la severidad de la sanción.

Contexto de las sanciones

Conviasa figura en la lista de entidades sancionadas desde 2019 como parte de la presión estadounidense contra el aparato aéreo del régimen de Maduro. Por su parte, Mahan Air fue incluida en los programas de sanciones por colaborar con grupos terroristas y facilitar operaciones de proliferación armamentista.
Con esta resolución, el Tesoro busca enviar un mensaje claro: las empresas que operen desde Estados Unidos no pueden ignorar las restricciones vigentes ni facilitar recursos a regímenes o entidades que representan una amenaza a la seguridad nacional.
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