Una juez federal le impide a Trump avanzar con las deportaciones exprés de ilegales

La juez federal Jia M. Cobb bloqueó este viernes a la Administración del presidente Donald Trump de ejecutar deportaciones exprés de inmigrantes que habían sido detenidos lejos de la frontera sur, eliminando momentáneamente uno de los ejes principales de la campaña del líder republicano para implementar deportaciones masivas. Cobb, quien ejerce en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, explicó en una opinión de 48 páginas que el gobierno estadounidense había actuado de forma imprudente en su intento de deportar rápidamente a la mayor cantidad de inmigrantes posible, lo cual probablemente arriesgaba detenciones indebidas y violaba derechos de debido proceso.

La juez explicó que la Administración Trump había convertido un proceso que antes consistía en deportar a migrantes con pocos vínculos con el país tras una sola conversación con un oficial de inmigración cerca de la frontera sur en una práctica común que ahora se aplicaba incluso en lugares como Nueva York. “Cuando se trata de personas que viven en el interior del país, priorizar la velocidad por encima de todo inevitablemente llevará al gobierno a remover erróneamente a personas mediante este proceso truncado”, escribió Cobb.

“El gobierno plantea un argumento realmente sorprendente”

La juez destacó particularmente la evolución que ha mostrado la política migratoria del actual gobierno durante los últimos meses, señalando que la administración republicana había optado por perseguir a personas que tramitaban sus solicitudes de asilo e incluso vigilar tribunales, como producto de su carrera por cumplir cuotas. Finalmente, Cobb rechazó el argumento del gobierno de que los inmigrantes que entraron ilegalmente al país habían renunciado a todas sus protecciones estándar, al advertir que dicho argumento era tan amplio que eventualmente podía resultar en la detención de ciudadanos estadounidenses.

“Al defender este proceso deficiente, el gobierno plantea un argumento realmente sorprendente: que aquellos que ingresaron ilegalmente al país no tienen derecho a ningún proceso bajo la Quinta Enmienda, y que en su lugar deben aceptar únicamente la gracia que el Congreso les otorgue”, escribió la juez.