Una juez designada por Biden falla en contra de la orden de Trump relativa a la ciudadanía por nacimiento

La juez del Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito de Maryland, Deborah L. Boardman, falló en contra de la orden del presidente Donald Trump relativa a la ciudadanía por nacimiento, alegando que la norma puede constituir una violación de la Constitución.

En su escrito -emitido a nivel nacional-, la juez Boardman, nominada por el expresidente Joe Biden en 2021, subrayó que "la orden ejecutiva contradice el texto claro de la Decimocuarta Enmienda", no sin antes aceptar a trámite una demanda presentada por un grupo que defiende los derechos de los inmigrantes, sea cual sea su estatus en el país.

"La Corte considera que los demandantes han demostrado que tienen derecho a una orden judicial preliminar colectiva. Los demandantes han demostrado que es probable que ganen en cuanto al fondo de su reclamación constitucional, ya que la orden ejecutiva contradice el texto claro de la Decimocuarta Enmienda y entra en conflicto con la jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema", escribió la juez Boardman.

"Los demandantes también han demostrado que los representantes y miembros de la demanda colectiva sufrirán un daño irreparable —la denegación de la ciudadanía— sin una medida cautelar. Por último, los demandantes han demostrado que el equilibrio entre la equidad y el interés público inclina la balanza a favor de una medida cautelar preliminar", concluyó, agregando que esa "medida cautelar" no afectaría a los intereses de la Administración federal.

Esta orden ejecutiva -firmada por Trump el 20 de enero- busca eliminar el derecho a la ciudadanía de aquellos nacidos en el país que son hijos de inmigrantes ilegales. Además, prohíbe a las agencias federales reconocer o emitir documentos que afirmen la ciudadanía de los mismos.

Pronto fue impugnada en los tribunales tanto por fiscales generales demócratas como por varios defensores de los derechos de los inmigrantes. Hasta que, el 27 de junio, la Corte Suprema limitó la capacidad de los jueces en el país para emitir las llamadas “órdenes judiciales universales”, a través de las cuales un solo juez de distrito contaba con la capacidad y poder para bloquear la aplicación de una política federal en todo el país.