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El Departamento de Salud investiga si Michigan violó las leyes federales de protección de conciencia religiosa

Según el HHS, el despido de una trabajadora de salud violó las cláusulas de objeción personal y no discriminación del Título 42 del Código de los Estados Unidos. 

RFK Jr. en el Senado/ Alex Wroblewski

RFK Jr. en el Senado/ Alex WroblewskiAFP

Joaquín Núñez
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El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) inició una investigación contra Michigan para determinar si el estado violó las leyes federales de protección de conciencia religiosa. Así lo comunicó la agencia que dirige Robert Kennedy Jr. a través de un comunicado. 

La Oficina de Derechos Civiles (OCR) acusó al estado liderado por Gretchen Whitmer de haber despedido a una profesional médica por ejercer su derecho de conciencia, protegido por el Gobierno Federal. 

En cuanto al caso, una empleada del sistema hospitalario de Michigan habría sido despedida por negarse a usar los pronombres preferidos de un paciente y ayudar en procedimientos de “modificación de rasgos sexuales”. Si el despido efectivamente fue por los motivos que citan desde el HHS, esto violaría el Título 42 del Código de los Estados Unidos, aunque específicamente las cláusulas de objeción personal y no discriminación.

"La OCR está comprometida con la aplicación de las leyes federales de conciencia en la atención sanitaria. Los trabajadores sanitarios deben poder ejercer tanto su profesión como su fe", declaró Paula M. Stannard, directora de la OCR.

En concreto, las citadas disposiciones legales están dentro de las Church Amendments, las cuales fueron aprobadas en la década de 1970 y protegen el derecho a la objeción de conciencia de trabajadores e instituciones de salud que reciben fondos federales. 

Las Church Amendments recibieron su nombre por el senador Frank Church (D-ID), quien las impulsó en la década de 1970. Contienen una cláusula de objeción de conciencia y otra de protección contra la discriminación laboral. La primera dicta que un profesional de la salud no puede ser obligado a realizar o asistir procedimientos como abortos o esterilizaciones si van en contra de su religión o convicciones morales, siempre y cuando el empleador reciba fondos federales.

La segunda cláusula indica que una persona no puede ser castigada por haber o no participado en procedimientos médicos contrarios a su conciencia.

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