La Corte Suprema debate acerca de la orden de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento
Durante más de dos horas de argumentos, los jueces de la Corte Suprema, con una mayoría conservadora de 6 a 3, mostraron una postura dividida.
Corte Suprema de Justicia
Este jueves la Corte Suprema de Estados Unidos abordó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump durante su segundo mandato: la restricción de la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Esta medida, firmada el 20 de enero, busca limitar la ciudadanía automática a niños nacidos en suelo estadounidense cuyos padres no sean ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes legales.
La Decimocuarta Enmienda
La base legal de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos es la Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil. Esta enmienda establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los Estados Unidos y del estado en el que residen”.
Su propósito original fue garantizar la ciudadanía a los antiguos esclavos y sus descendientes, anulando la infame decisión de 1857 en el caso Dred Scott v. Sandford, que negaba la ciudadanía a personas de ascendencia africana.
En 1898, el caso United States v. Wong Kim Ark consolidó la interpretación de la enmienda. Wong, nacido en San Francisco de padres chinos, fue reconocido como ciudadano estadounidense por la Corte Suprema, que dictaminó que la Decimocuarta Enmienda incluye a los hijos de inmigrantes nacidos en territorio estadounidense, siempre que estén “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos.
La postura de la Administración Trump
El procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, defendió la orden ejecutiva ante la Corte Suprema, argumentando que protege “el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”.
Sauer afirmó que la Decimocuarta Enmienda fue diseñada para garantizar la ciudadanía a los hijos de antiguos esclavos, no a los de inmigrantes indocumentados o visitantes temporales.
Según la Administración, la cláusula “sujetas a su jurisdicción” excluye a quienes no tienen un estatus legal permanente, reinterpretando el precedente de Wong Kim Ark como aplicable solo a hijos de padres con “domicilio y residencia permanente” en Estados Unidos.
Además, la Administración cuestionó la autoridad de los jueces federales para emitir medidas cautelares de alcance nacional que bloquean la orden.
En esa misma línea, Sauer calificó estas medidas como una “patología” que perturba el equilibrio de poderes entre las ramas del gobierno, argumentando que las órdenes judiciales universales “obligan al gobierno a ganar en todas partes mientras los demandantes pueden ganar en cualquier lugar”.
El procurador general afirmó que los mandatos judiciales universales paralizan al presidente y "alteran el cuidadoso equilibrio de la separación de poderes que establece la Constitución".
Además, señaló: "Operan de forma asimétrica, obligando al gobierno a ganar en todas partes, mientras que los demandantes pueden ganar en cualquier lugar", dijo Sauer, y "crean el riesgo constante de sentencias contradictorias".
Los argumentos de los demandantes
La orden de Trump fue impugnada por 22 estados liderados por fiscales generales demócratas, así como por mujeres embarazadas y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
Los demandantes sostienen que la directiva viola directamente la Decimocuarta Enmienda y más de un siglo de jurisprudencia.
La juez liberal Sonia Sotomayor, por ejemplo, afirmó que la orden contradice múltiples precedentes de la Corte Suprema y advirtió que, de entrar en vigor, miles de niños nacerían sin ciudadanía, enfrentándose a la posibilidad de ser apátridas y sin acceso a servicios esenciales como educación, salud o empleo.
Por su parte, Jeremy Feigenbaum, abogado de los estados demandantes, argumentó que las medidas cautelares nacionales son necesarias para evitar “importantes perjuicios económicos y a la soberanía” de los estados.
Además, destacó que permitir variaciones en la ciudadanía según el estado de residencia sería incompatible con la unificación nacional lograda tras la Guerra Civil.
Kelsi Corkran, representando a demandantes individuales, instó a la Corte a evitar “consecuencias catastróficas” de un plan que calificó como “inconstitucional”.
La discusión en la Corte Suprema: una postura dividida
Durante más de dos horas de argumentos, los jueces de la Corte Suprema, con una mayoría conservadora de 6 a 3 (incluyendo tres nombrados por Trump), mostraron una postura dividida.
Los jueces conservadores, como Clarence Thomas y Neil Gorsuch, parecieron inclinarse por limitar el poder de los tribunales inferiores para emitir medidas cautelares universales, coincidiendo con Sauer en que estas órdenes han proliferado en las últimas décadas.
Sin embargo, también expresaron reticencia a fallar sin abordar los méritos legales de la orden de Trump, lo que podría requerir más información y retrasar la resolución del caso.
La juez liberal Elena Kagan cuestionó cómo se podría resolver rápidamente un caso de clara ilegalidad sin medidas cautelares nacionales, mientras que la juez conservadora Amy Coney Barrett expresó escepticismo sobre la propuesta de Sauer de litigar el caso lentamente en tribunales inferiores.
Sotomayor comparó la orden de Trump con una acción hipotética que violaría derechos constitucionales, como despojar a los ciudadanos de sus armas bajo la Segunda Enmienda, subrayando la gravedad de la medida.
Implicaciones y posibles resultados
El caso ante la Corte Suprema no se centra directamente en la constitucionalidad de la orden de Trump, sino en si los tribunales inferiores tienen autoridad para emitir medidas cautelares de alcance nacional.
Si la Corte limita estas medidas, la política de Trump podría entrar en vigor en los 28 estados que no presentaron demandas, creando una ciudadanía variable según el lugar de nacimiento, algo inédito desde la ratificación de la Decimocuarta Enmienda.
Por otro lado, si la Corte mantiene las medidas cautelares, la orden de Trump permanecerá bloqueada a nivel nacional, al menos temporalmente.
Reacciones
La ACLU, 22 estados, el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco presentaron demandas al día siguiente de la firma de la orden, calificándola de “extrema” e inconstitucional.
Política
ACLU asegura que vencerá a Trump en la batalla por la ciudadanía por nacimiento
Sabrina Martin
Norman Wong, bisnieto de Wong Kim Ark, criticó la medida como divisiva, afirmando que “se está alimentando de la mentalidad estadounidense y no de una manera saludable”.
Organizaciones como el Tri-Caucus del Congreso, que incluye caucus asiáticos, negros e hispanos, también condenaron la orden por violar la Constitución.
Madres embarazadas, como Mónica, una venezolana con estatus temporal en Estados Unidos, expresaron temor ante la posibilidad de que sus hijos queden sin ciudadanía, especialmente en casos donde no pueden obtener la nacionalidad de sus países de origen debido a la falta de relaciones diplomáticas.
¿Qué sigue?
No está claro cuándo la Corte Suprema emitirá su fallo, aunque es probable que lo haga antes de su receso de verano a finales de junio de 2025. Si los jueces exigen más información sobre los méritos legales de la orden, la resolución podría demorarse aún más.
Mientras tanto, la orden permanece bloqueada a nivel nacional debido a las medidas cautelares emitidas por jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts, entre otros.
La orden ejecutiva de Trump
Esta directiva ordena a las agencias federales no reconocer la ciudadanía de niños nacidos en Estados Unidos si no tienen al menos un progenitor ciudadano o residente permanente legal.
La medida apunta principalmente a los hijos de inmigrantes indocumentados y de aquellos con estatus temporal, como estudiantes o trabajadores con visas.
LO ÚLTIMO
