La Administración Trump pide a la Corte Suprema que permita parcialmente las restricciones a la ciudadanía por derecho de nacimiento

La Administración del presidente Donald Trump ha solicitado este jueves a la Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga para limitar el alcance de tres órdenes judiciales inferiores que bloquean su orden ejecutiva destinada a restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento. 

En una serie de presentaciones de emergencia, los abogados de la Administración Republicana argumentaron que los tribunales inferiores de Maryland, Massachusetts y Washington excedieron su autoridad al emitir medidas cautelares de alcance nacional que impiden la implementación de la orden ejecutiva firmada el 20 de enero.

Esta orden busca eliminar la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en suelo estadounidense después del 19 de febrero y prohíbe a las agencias federales reconocer o emitir documentos que afirmen la ciudadanía de estos individuos.

Por su parte, la Procuradora General interina de Estados Unidos, Sarah Harris, explicó que “el gobierno acude a este tribunal con una ‘modesta’ petición: mientras las partes litigan sobre cuestiones de fondo de peso, el tribunal debería ‘restringir el alcance’ de las múltiples medidas cautelares preliminares que ‘pretenden abarcar a todas las personas del país’, limitando esas medidas cautelares a las partes que realmente están dentro de las competencias de los tribunales”.

Según los abogados de la Administración, las "medidas cautelares universales" impuestas por los tribunales inferiores han alcanzado "proporciones epidémicas" desde el inicio de la Administración Republicana, y pidieron a la Corte Suprema resolver la legalidad de estas restricciones tan amplias.

Una fuerte oposición

Una coalición de 22 estados liderados por demócratas, junto con siete demandantes individuales y dos grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes, han impugnado la medida, argumentando que viola la Enmienda 14 de la Constitución, que establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos". 

Hasta ahora, tres tribunales federales de apelaciones han rechazado las solicitudes de la Administración para suspender las medidas cautelares, y ningún tribunal inferior ha respaldado la legalidad de la orden.