Un juez federal le ordena a la Administración Trump liberar fondos retenidos a Radio Free Europe

El juez federal Royce C. Lamberth, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, le ordenó este martes a la Administración del presidente estadounidense Donald Trump el desembolso de fondos aprobados por el Congreso que había retenido a la organización de noticias Radio Free Europe/Radio Liberty, la cual es un medio financiado por el gobierno federal que ofrece reportes y noticias independientes en aquellos países con una libertad de expresión y libertad de prensa limitada. Lamberth le ordenó al Gobierno norteamericano pagar a dicha organización 12 millones de dólares correspondientes a su financiamiento de abril.

En su decisión, el juez pareció cerrar la laguna legal que existía en su fallo anterior, en el que le permitió a la Administración republicana retener de facto todos los fondos para el medio de comunicación mientras cumplía debidamente con el mandato del tribunal. "En este caso fue el Congreso quien ordenó que los fondos en cuestión" se destinaran a Radio Free Europe/Radio Liberty mediante una ley firmada por el propio presidente Trump, detalló el juez. "En resumen: el Congreso actual y el presidente Trump promulgaron una ley que asignaba fondos a los demandantes", concluyó.

Defensa a la imparcialidad del poder judicial federal

Lamberth, quien fue designado por el presidente republicano Ronald Reagan durante su segunda presidencia, ofreció también una inusual defensa del poder judicial federal y su carácter no partidista, tomando en cuenta que Trump llegó a pedir en varias oportunidades durante los últimos meses la destitución de jueces federales, y que varios miembros de su administración han tomado en varios casos acciones que muchos expertos legales han considerado como una abierta desobediencia a los tribunales.

“[En los últimos meses] personas tanto dentro como fuera del gobierno han acusado a los tribunales —incluyéndome— de fomentar una crisis constitucional, usurpar los poderes del Artículo II de la presidencia, socavar la voluntad popular o dictar cómo deben operar las agencias ejecutivas”, escribió el juez.