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Así es cómo Trump podría acabar con la banda criminal venezolana el Tren de Aragua

Actualmente, la influencia  de la pandilla se extiende a varios países, incluyendo Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, y al menos 20 estados en Estados Unidos.

El Tren de Aragua ya está en Estados Unidos, Nueva York

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Un informe de The Heritage Foundation, realizado por Joseph M. Humire, experto en seguridad y director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre Segura, ofrece una serie de estrategias detalladas que la Administración Trump podría implementar para frenar el avance y la expansión del Tren de Aragua (TdA), una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina. El grupo, que comenzó en Venezuela, ha extendido sus operaciones a varios países de la región, incluidos Estados Unidos, y se ha convertido en una amenaza transnacional que requiere una respuesta rápida y contundente.

El Tren de Aragua: Un fenómeno transnacional

El Tren de Aragua, originario de Venezuela, es reconocido por su violencia extrema y por operar una vasta red de actividades delictivas que abarca narcotráfico, extorsión, secuestros y trata de personas. Su expansión ha sido alarmante, convirtiéndose en uno de los grupos criminales más temidos de América Latina. Actualmente, su influencia se extiende a varios países, incluyendo Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, y al menos 20 estados en Estados Unidos, como Arizona, California, Colorado, Connecticut, Georgia, Indiana, Luisiana, Maryland, Michigan, Nueva Jersey, Nevada, Carolina del Norte, Tennessee, Utah, Virginia y Wisconsin, además de Florida, Illinois, Nueva York y Texas.

Críticas a la Administración Biden

La expansión del Tren de Aragua bajo la Administración Biden ha generado preocupaciones sobre la falta de una estrategia coherente y coordinada para frenar la amenaza del crimen organizado transnacional. Un aspecto clave de esta crítica se centra en las políticas de apertura de fronteras implementadas por el Gobierno Biden-Harris, que habrían permitido la infiltración y el fortalecimiento de redes criminales, incluido el Tren de Aragua, dentro de los Estados Unidos. Según el informe de The Heritage Foundation, cualquier esfuerzo para desmantelar esta organización debe comenzar por revisar y poner fin a estas políticas.

Propuestas de cooperación internacional para desmantelar la organización

El informe destaca la necesidad urgente de estrechar la colaboración entre Estados Unidos y sus socios en América Latina, especialmente dentro del bloque Mercosur, para crear un grupo de trabajo dedicado a desmantelar al Tren de Aragua. Esta cooperación permitiría un seguimiento más eficaz de los miembros del grupo criminal y la captura de individuos que operan con facilidad entre los países de la región. En particular, la colaboración con Uruguay, que ha adoptado un enfoque proactivo en la lucha contra esta organización, podría ser crucial para diseñar contramedidas efectivas.

Una Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Combinada

Otro aspecto destacado en el informe es la sugerencia de crear una Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Combinada, similar a la utilizada por las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos en Medio Oriente para combatir al Estado Islámico. Esta unidad, bajo la dirección del Comando de Operaciones Especiales Sur (SOCSOUTH), debería concentrarse en el Tren de Aragua, al igual que lo hizo la Operación Resolución Inherente con el Estado Islámico en Irak y Siria. Esta fuerza estaría formada por un grupo interinstitucional que incluiría militares, fuerzas de policía y expertos en crimen organizado de países de América Latina y el Caribe.

El papel del Departamento de Justicia

El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene un papel crucial en este esfuerzo, pues según el informe debería colocar al Tren de Aragua como una de sus máximas prioridades dentro de los Grupos de Trabajo de Lucha contra el Crimen Organizado y las Drogas (OCDETF). Esta medida permitiría reunir a fiscales federales, estatales y locales, así como a diversas agencias de seguridad, para crear una estrategia integrada contra el TdA.

El informe hace hincapié en que, al igual que ocurrió en 2017 con la MS-13, donde una coalición de agencias estadounidenses logró un fuerte golpe contra la pandilla, una acción similar contra el Tren de Aragua podría debilitar seriamente su estructura y operaciones en Estados Unidos. La participación de expertos en el crimen organizado y las drogas en estas acciones ayudaría a fortalecer la respuesta ante las tácticas cambiantes de la organización criminal, que constantemente ajusta sus métodos para evadir la justicia.

La designación de Venezuela como país de interés especial

El informe también destaca la necesidad de que el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU designe a Venezuela como un país de interés especial debido a los vínculos directos entre el régimen venezolano y el Tren de Aragua. La falta de cooperación de las autoridades venezolanas en la lucha contra el crimen organizado y el apoyo tácito que el dictador Nicolás Maduro ha brindado a este grupo criminal justificarían esta medida.

Colocar a Venezuela en esta categoría facilitaría el proceso de identificación de los miembros del TdA que cruzan la frontera hacia los Estados Unidos y permitiría un mejor control de los inmigrantes venezolanos. 

Acciones de la Casa Blanca para coordinar la lucha contra el TdA

La Casa Blanca, según el informe, debería tomar un papel activo en la implementación de estas medidas. A través del Consejo contra el Crimen Organizado Transnacional, la Administración Trump debería coordinar una respuesta integrada a nivel nacional e internacional, centrada en el Tren de Aragua. La Casa Blanca debería encargar al director de Inteligencia Nacional una evaluación exhaustiva de las capacidades de la comunidad de inteligencia en relación con el grupo, lo que permitirá diseñar una estrategia de inteligencia más efectiva para rastrear y neutralizar las operaciones del TdA.

El informe también subraya que, a nivel ejecutivo, la Administración Trump tiene la capacidad de elaborar y presentar un plan de acción en un plazo de 120 días. Este plan podría abordar tanto las medidas diplomáticas como las operativas necesarias para frenar la influencia del Tren de Aragua y desmantelar sus redes en América Latina y en los Estados Unidos.

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