El fin del programa de parole humanitario de Biden-Harris, "una cortina de humo" antes de las elecciones para los republicanos

Donald Trump propone, Kamala Harris copia. Así lo vienen denunciando los republicanos desde que la vicepresidente entró en campaña, con asuntos como la eliminación de las propinas o el endurecimiento de la frontera. El Gobierno les acaba de dar un nuevo argumento: días después de que el republicano prometiera revocar un permiso especial para los inmigrantes haitianos, la Administración Biden-Harris anunció que no les extenderá el plazo de un permiso de permanencia temporal llamado Libertad Condicional Humanitaria para Ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV).

El programa permite a nacionales de aquellos países ingresar legalmente a Estados Unidos, con una serie de condiciones como tener un patrocinador en suelo estadounidense. El Gobierno lo creó en en 2022, al principio sólo para venezolanos. Al año siguiente lo amplió a cubanos, nicaragüenses y haitianos. Tras suspenderlo en agosto por sospechas de fraude, volvió a funcionar en septiembre. Hasta el viernes pasado, cuando informó que, vencido el plazo de dos años de permiso, quienes no hayan tramitado otra autorización perderán el permiso de permanencia. 

Hasta finales de agosto, unas 530.000 personas ingresaron al país gracias al CHNV. Por nacionalidades, son cerca de 110.000 cubanos, 210.000 haitianos, 93.000 nicaragüenses y 117.000 venezolanos.

"Parecer duros antes de las elecciones"

Desde el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara tildaron la medida como "otra cortina de humo". Cuando la Administración primero informó que no extendería el permiso a los venezolanos, antes de anunciar que lo mismo sería cierto para cubanos, nicaragüenses y haitianos, los miembros del comité republicano se apuraron a aclarar que quienes antes gozaban de esta medida podrían buscar otras vías para quedarse: "Es probable que soliciten asilo, Estatus de Protección Temporal o, dadas las bajas tasas de aplicación de ICE bajo esta administración, simplemente no sean prioridades para la expulsión".

Los mismos funcionarios del oficialismo reconocen que es poco probable que la revocación resulte en deportaciones. Un funcionario conocedor del programa incluso reconoció al Washington Post que quienes el "pequeño número de personas" que sí puedan perder su libertad condicional todavía podrían quedarse durante años mientras "tribunales de inmigración atascados" procesan sus casos. 

Funcionarios del Gobierno defienden que la fecha límite se anunció en el momento mismo de la creación del programa, y que cumplió su objetivo: reducir los ingresos ilegales por la frontera sur de inmigrantes de esas cuatro nacionalidades. Los críticos denuncian, sin embargo, que las entradas totales han aumentado y que si se han visto fluctuaciones en ese número específico, se debe a que el programa permite a los ciudadanos ingresar al país por vuelos comerciales, por lo que no les hace falta emprender el peligroso viaje por la frontera entre México y Estados Unidos.

"La Administración Biden-Harris debería haber previsto esto", aseguró Emilio González, exdirector del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). El Gobierno, sostuvo, creó un programa "dudoso" para reducir los números de la crisis fronteriza. "Ahora, se acabó el tiempo y no se irán".

González también denunció que la medida era simplemente un intento de "parecer duros con a la inmigración antes de las elecciones". Aseguró, sin embargo, que la mayoría de estos inmigrantes encontrarán la manera de quedarse en el país ya que "Biden y Harris les dieron dos años para averiguar cómo quedarse" y que empeorarán aún más el "retraso" del procesamiento de asilo.