La Unión Europea contra la libertad de expresión en EEUU (II): la censura subrogada

El 12 de agosto de 2024, Thierry Breton, Comisario Europeo de Mercado Interior, publicó una carta abierta dirigida a Elon Musk. Era la tarde antes de que Musk entrevistara a Donald Trump en X. La carta era una ¿amenaza?. Breton escribió que estaba monitoreando "los riesgos potenciales en la UE asociados con la diseminación de contenido que puede incitar a la violencia, el odio y el racismo en conjunción con eventos políticos o sociales importantes en el mundo, incluyendo debates y entrevistas en el contexto de elecciones", y que la UE estaba preparada para "hacer uso pleno de nuestra caja de herramientas" bajo el DSA, incluyendo medidas provisionales, para proteger a los ciudadanos europeos de "daños graves".

¡El destinatario era americano. La plataforma era americana. El entrevistado era un candidato presidencial americano. La conversación tendría lugar en territorio americano!.

Nada de eso importó. El Comisario estaba llamando a la censura de contenido político en particular. Su conducta ya había sido condenada por el Comité Judicial del Congreso de EEUU en una carta fechada el 15 de agosto de 2024. La CEO de X, Linda Yaccarino, calificó el episodio como "un intento sin precedentes de extender una ley diseñada para Europa a las actividades políticas en Estados Unidos." Musk respondió con un meme. Pero más allá de la anécdota, el episodio Breton-Musk es la imagen más nítida de lo que esta parte del informe documenta: la Unión Europea no solo construyó una máquina de censurar para uso doméstico. La exportó. Y lo hizo con método, con financiamiento y con una agenda política identificable.

Una de las disposiciones más opacas y peligrosas del DSA es el sistema de "trusted flaggers". Bajo este esquema, la Comisión y los reguladores nacionales acreditan a organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y organismos gubernamentales como entidades cuyas denuncias de contenido deben ser procesadas por las plataformas con prioridad y diligencia reforzada.

En la práctica, esto crea una red paralela de censura subcontratada que opera fuera de cualquier control democrático directo.

El sistema es perverso precisamente porque mantiene a los gobiernos europeos un paso atrás de la censura directa. No es la Comisión Europea la que borra el tuit: es la plataforma, que actúa sobre la denuncia prioritaria de una ONG acreditada, que a su vez opera bajo orientaciones de la Comisión, que amenaza con multas millonarias si la plataforma no demuestra suficiente diligencia. La cadena de responsabilidad se fragmenta hasta volverse opaca. Nadie "censura": todos simplemente "cumplen".

Más de 50 ONG europeas señalaron que los términos amplios de "riesgos sistémicos", "desinformación" y "contenido ilegal", combinados con el rol activista de los "trusted flaggers", podrían violar la libertad de expresión e información bajo el Artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. El mes siguiente, más de 100 organizaciones de libertad de expresión advirtieron sobre la censura online global bajo el DSA en una carta a la Comisión coordinada por ADF International.

¿Quiénes son estos denunciantes de confianza y qué orientación tienen? Los documentos del Comité Judicial ofrecen respuestas preocupantes: en múltiples rondas electorales europeas, el estatus de trusted flagger fue otorgado a organismos gubernamentales y ONG con orientaciones políticas definidas, coordinadas por funcionarios de la Comisión en reuniones cerradas previas a los comicios. El patrón no fue neutral.

¿Cómo puede una ley europea afectar lo que un ciudadano en Houston, Phoenix o Atlanta puede leer o publicar en redes sociales?

La respuesta está en la arquitectura misma de las plataformas digitales y en la lógica del Efecto Bruselas descripta en la Parte I de este artículo.

Las grandes plataformas no operan con un conjunto diferente de reglas para cada país. Operan con políticas globales de moderación de contenido que se aplican de manera más o menos uniforme a todos sus usuarios en el mundo. Esto es así por razones de escala, costo y coherencia operativa. Mantener 27 versiones diferentes de las reglas de contenido, una por cada Estado miembro de la UE, es técnicamente posible pero enormemente costoso. Mantener una versión global ajustada al estándar más restrictivo disponible es mucho más simple.

El DSA obliga a las plataformas a cambiar sus políticas de moderación de contenido que se aplican en los Estados Unidos y a aplicar los estándares mandatados por la UE al contenido publicado por ciudadanos americanos. La amenaza al discurso americano es clara: los reguladores europeos definen el discurso político, el humor y otro contenido protegido por la Primera Enmienda como desinformación y discurso de odio, y luego exigen que las plataformas cambien sus políticas globales de moderación de contenido para censurarlo.

Aunque nominalmente aplicable sólo al discurso en la UE, el DSA, tal como está escrito, puede limitar o restringir el discurso constitucionalmente protegido de los americanos en los Estados Unidos. Las empresas que censuren una cantidad insuficiente de discurso "engañoso o deceptivo" enfrentan multas de hasta el seis por ciento de sus ingresos globales anuales, lo que equivaldría a miles de millones de dólares para muchas empresas americanas. 

Las garantías de la Primera Enmienda de la Constitución de los EEUU no pueden coexistir con el DSA.

El mecanismo se llama jawboning: censura indirecta. El gobierno europeo no puede suprimir directamente el discurso protegido por la Primera Enmienda. Pero puede presionar a intermediarios privados para que lo hagan en su lugar, con amenazas económicas tan masivas que la resistencia se vuelve comercialmente inviable. El comisionado de la FCC Brendan Carr argumentó que la regulación es "incompatible con la tradición americana de libertad de expresión". El vicepresidente declaró durante su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero de 2025 que las políticas de moderación de contenido de la UE equivalen a "censura autoritaria". En otras palabras: funcionarios europeos no elegidos democráticamente, en reuniones a puertas cerradas, instruyeron a plataformas con miles de millones de usuarios en todo el mundo sobre cómo deben redactar sus políticas globales de contenido.

Si el extraterritorialismo del DSA es preocupante en abstracto, lo que los documentos del segundo informe del Comité Judicial revelan sobre su aplicación concreta durante procesos electorales es de una gravedad diferente. Estamos ante una estrategia deliberada, ejecutada con método y con resultados identificables, orientada a suprimir narrativas políticas específicas en momentos electoralmente decisivos.

El informe del Comité Judicial documenta que la Comisión convocó más de 90 reuniones desde 2020 bajo marcos como el Código de Práctica sobre Desinformación, que evolucionaron hacia obligaciones mandatorias del DSA. En esas reuniones, funcionarios de la Comisión emitieron "directrices electorales" que, aunque presentadas como voluntarias, funcionaron como un piso de cumplimiento de facto, con advertencias de que el incumplimiento podría desencadenar multas masivas de hasta el 6% de los ingresos globales.

Los países y elecciones específicamente señalados en el informe incluyen:

Polonia, España, Bélgica y Alemania son mencionadas igualmente en el contexto de presiones previas a sus respectivos procesos electorales, con el mismo patrón: reuniones cerradas, trusted flaggers ideológicamente alineados, presión sobre contenido crítico del establishment.

En todos los casos documentados, el contenido suprimido o moderado bajo presión europea correspondía a narrativas contrarias a la agenda de la Unión Europea. 

El informe de más de 160 páginas sostiene que esta actividad, intensificada desde que el DSA entró en vigor en 2023, socava la equidad democrática.

La conexión con los Estados Unidos no es directa en el sentido de que existan documentos probando coordinación explícita entre la Comisión Europea y el Partido Demócrata. Pero el mecanismo que operó en Europa operó en paralelo en América vía el Efecto Bruselas: las mismas plataformas, con las mismas políticas de moderación globalizadas, aplicando los mismos criterios que en Europa suprimieron el discurso conservador, también en EEUU. El caso Breton-Musk es la evidencia más nítida de que esa extensión no fue accidental sino intencional.

El valor central del trabajo del Comité Judicial reside en que no se trata de inferencias o hipótesis sino de documentos concretos, incluyendo comunicaciones por correo electrónico entre personal de la Comisión y empresas tecnológicas sobre códigos de conducta "voluntarios" y documentos internos que muestran el taller del DSA de mayo de 2025 que la Comisión organizó con plataformas a puertas cerradas. Lo que esos documentos revelan excede lo que cualquier análisis del texto legal podría anticipar. Los ejercicios del taller de mayo 2025 muestran la brecha entre el discurso público de la Comisión y sus expectativas privadas. El Comité Judicial demandó información sobre los esfuerzos de la Comisión Europea para intimidar, amenazar o coaccionar a Elon Musk en relación con la entrevista a Trump; los esfuerzos para usar la ley de la UE para forzar a empresas americanas a censurar el discurso americano; y cualquier comunicación que la Comisión Europea haya tenido con la Administración Biden-Harris para usar la ley de la UE como forma de eludir la Primera Enmienda. Esta última línea de investigación es la más explosiva políticamente y la menos documentada públicamente hasta ahora.

En febrero de 2025, el presidente del Comité Judicial Jim Jordan emitió citaciones a diez de las mayores empresas tecnológicas del mundo. En julio publicó el primer informe. En septiembre convocó una audiencia titulada "La Amenaza de Europa a la Libertad de Expresión y la Innovación Americana". El Comité llevó su crítica directamente a Dublín, Londres y Bruselas, reuniéndose en Londres con el organismo regulador del Reino Unido responsable de aplicar el Online Safety Act y con el ministro digital, y en Bruselas con la comisaria Henna Virkkunen. En febrero de 2026 publicó el segundo informe con miles de nuevos documentos y la denuncia de interferencia en ocho procesos electorales.

La rama ejecutiva acompañó con una escalada diplomática sin precedentes para una disputa regulatoria. El secretario de Estado Rubio, el vicepresidente Vance y el embajador Puzder salieron públicamente a atacar la multa a X por nombre, en términos que no dejan margen para la ambigüedad: 

Esto no es una disputa técnica sobre verificación de cuentas sino un conflicto sobre quién controla el discurso político en el mundo occidental. ADF International anunció que sus abogados en EEUU e internacionalmente están brindando apoyo al equipo legal de X mientras desafía la multa sin precedentes.

En el plano legislativo, avanza el debate sobre la GRANITE Act —General Retaliation Against Non-Transparent International Net Censorship Act— que permitiría a empresas e individuos americanos demandar ante tribunales estadounidenses a entidades extranjeras por actos de censura. Musk la compartió en X. Varios estados la estudian. Su aprobación federal convertiría cada multa europea a una empresa americana en el punto de partida de un litigio en suelo americano. Y es que el DSA presenta un efecto inhibidor sobre el discurso, genera preocupaciones de privacidad y pone a las startups americanas en desventaja para ingresar al mercado europeo. Seis de las siete empresas gatekeepers identificadas bajo la ley digital europea son americanas. Este último dato no es menor: el DSA y su ley hermana, el Digital Markets Act, apuntan casi exclusivamente a empresas americanas. No porque sean las únicas plataformas grandes del mundo sino porque son las que dominan el mercado europeo y, crucialmente, las que representan el ecosistema de discurso libre que Bruselas considera una amenaza a su capacidad de control narrativo.

La Unión Europea construyó un instrumento con ambición de alcance global como un sistema de control político de injerencia mundial, con especial obsesión respecto de EEUU. La Unión Europea considera la libertad de expresión como un privilegio que los burócratas quitan u otorgan. Cuando Bruselas multa a X por no censurar suficiente, cuando un comisario europeo amenaza a un ciudadano americano por entrevistar a un candidato presidencial, cuando talleres cerrados rediseñan las políticas globales de plataformas con audiencias de miles de millones, cuando reguladores europeos coordinan con verificadores de hechos alineados para suprimir narrativas disidentes antes de elecciones, estamos ante el ejercicio del poder político para controlar el discurso a escala planetaria.

El choque entre ese proyecto y la Primera Enmienda no es un accidente cultural ni un malentendido jurídico. Es una contradicción irresoluble entre dos visiones del mundo: una que trata la libertad de expresión como un derecho absoluto que el Estado debe proteger incluso cuando incomoda al poder, y otra que la trata como un privilegio que el Estado administra.

Entre esas dos visiones no hay acuerdo posible.