Venezuela da el primer paso para desmantelar el monopolio eléctrico de Hugo Chávez y abrirse a la inversión privada

El modelo de control absoluto sobre los servicios públicos en Venezuela ha comenzado su repliegue legal debido al colapso de su propia infraestructura.

Este martes, la Asamblea Nacional votó la aprobación inicial a una propuesta de reforma legislativa diseñada para abrir el sector eléctrico a la inversión privada. La medida contempla la creación de empresas mixtas y concesiones comerciales, marcando el primer paso para revertir casi dos décadas de una centralización estatal que sepultó la confiabilidad energética del país.

La iniciativa legal representa el esfuerzo más reciente del régimen interino de Delcy Rodríguez, por reconfigurar la economía nacional mediante la atracción de capitales privados y extranjeros.

Este giro hacia la apertura económica, que ya ha tocado las normativas de hidrocarburos y minería, cuenta con el respaldo explícito de la administración del presidente Donald Trump.

Desde Washington se ha señalado que estos cambios regulatorios servirán como motor para reactivar la actividad comercial en beneficio mutuo de las corporaciones norteamericanas y de la población civil venezolana.

El desmantelamiento del legado de nacionalizaciones chavistas

El proyecto de ley, que consta de 42 artículos, recibió un respaldo unánime por parte de los parlamentarios en su primer debate formal. El texto propone un cambio radical frente a la política de expropiaciones iniciada en 2007 por el fallecido mandatario Hugo Chávez, la cual se consolidó en 2010 con una ley que reservaba con exclusividad al Estado las tareas de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía.

La nueva legislación establece un modelo diversificado donde el desarrollo del sistema eléctrico podrá ser ejercido tanto por instituciones públicas como por firmas enteramente privadas, compañías de participación estatal minoritaria y corporaciones de capital mixto donde el Estado retenga una fracción mayoritaria del 50%.

No obstante, el control político no se disuelve del todo: "El establecimiento de cualquier joint venture y los términos de sus concesiones requerirán la aprobación del Presidente de la República", detalla la exposición de motivos aprobada en la sesión plenaria.

Bajo este esquema, las alianzas mixtas operarán con un límite temporal de 25 años, prorrogable por un máximo de 15 años adicionales.

Tarifas reales frente al colapso de los servicios

La urgencia detrás de esta reforma radica en la profunda crisis sistémica que padece la red eléctrica venezolana por la falta crónica de inversión y mantenimiento. Vastas regiones del territorio nacional sufren apagones diarios de varias horas que arrastran consigo los servicios esenciales de telecomunicaciones y suministro de agua potable.

Esta inestabilidad operativa mantenía en vilo a potenciales inversionistas, temerosos de avanzar en proyectos productivos sin la garantía de un flujo energético confiable.

Para subsanar las distorsiones del subsidio estatal tradicional, la ley estipula la fijación de nuevas tarifas que reflejen los costos reales de la prestación del servicio, permitiendo a los operadores obtener un retorno razonable sobre sus inversiones.

Aunque la estabilización de la red eléctrica presuntamente figura entre las principales prioridades del régimen de Rodríguez, los canales financieros del Estado siguen limitados por la falta de liquidez, lo que ha impedido garantizar pagos puntuales a los proveedores técnicos que podrían acelerar la recuperación del sistema, según han reportaron fuentes del sector a Reuters.

Tras superar este primer filtro parlamentario, la Asamblea Nacional deberá abrir un período formal de consultas ciudadanas y un segundo debate en plenaria antes de proceder con la ratificación y promulgación definitiva de la reforma.