Justicia de EEUU acusa a gobernador mexicano, del partido de Sheinbaum, de proteger al Cártel de Sinaloa
Entre los otros imputados figuran un senador mexicano, un alcalde prominente, el actual fiscal adjunto del estado y antiguos jefes de seguridad.
El gobernador de Sinaloa Ruben Rocha Moya.
En lo que representa —hasta ahora— el golpe más contundente de la administración Trump contra la corrupción gubernamental en México, fiscales estadounidenses presentaron una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos.
La justicia de Estados Unidos los señala como piezas clave en una conspiración de años para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y apoyo electoral.
De acuerdo con la acusación revelada este miércoles por el New York Times, Rocha Moya habría aceptado dinero del narcotráfico para financiar su campaña y asegurar su victoria, entregando a cambio el control institucional de Sinaloa a la organización criminal que ha aterrorizado a la región durante décadas.
Entre los otros imputados figuran un senador mexicano, un alcalde prominente, el actual fiscal adjunto del estado y antiguos jefes de seguridad.
El pacto entre Morena y los hijos de "El Chapo"
La investigación detalla que la relación entre Rocha Moya, miembro destacado del partido oficialista Morena, y el cártel se consolidó durante su campaña para la gubernatura en 2021.
Según los fiscales, el entonces candidato se reunió con líderes de la organización, específicamente con Ovidio Guzmán López e Iván Archivaldo Guzmán Salazar —hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán— en un encuentro custodiado por hombres armados con ametralladoras.
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En dicha reunión, "Los Chapitos" prometieron asegurar el triunfo electoral de Rocha mediante el robo de urnas y el secuestro de candidatos opositores para forzarlos a retirarse.
Como contraprestación, el gobernador se comprometió a instalar a funcionarios que permitieran al cártel operar con total impunidad. Las consecuencias de este pacto habrían facilitado el tráfico de "cantidades masivas" de fentanilo, heroína y cocaína hacia territorio estadounidense.
La acusación también expone actos de extrema violencia y traición:
- Asesinato de fuentes federales: Se acusa a Juan Valenzuela Millán, comandante policial en Culiacán, de colaborar en el asesinato de una fuente confidencial de la DEA y sus familiares, incluyendo a un menor de 13 años.
- Persecución política: Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, habría entregado al cártel nombres y direcciones de oponentes políticos de Rocha para que fueran blanco de ataques.
- Filtraciones estratégicas: Dámaso Castro Zaavedra, actual fiscal adjunto estatal, es señalado por recibir sobornos mensuales para alertar al cártel sobre redadas contra laboratorios de droga.
Soberanía vs. Rendición de cuentas: La encrucijada de Sheinbaum
La imputación de Rocha Moya, el funcionario de más alto rango de Morena en enfrentar cargos en EEUU, coloca a la presidenta Claudia Sheinbaum en una posición política delicada.
Aunque Sheinbaum ha mantenido una retórica de lucha contra la corrupción, su administración ha evitado hasta ahora perseguir a los funcionarios electos vinculados a las estructuras criminales.
Por su parte, el gobernador Rocha Moya rechazó las acusaciones mediante un comunicado, calificándolas de “enteramente falsas y sin fundamento”. El funcionario alegó que los cargos son un intento de Estados Unidos por violar la soberanía de México y atacar al movimiento político de izquierda que lidera Sheinbaum.
Sin embargo, las señales de esta acción judicial ya habían sido anticipadas por la diplomacia estadounidense. La semana pasada, el embajador de EEUU en México, Ronald Johnson, pronunció un discurso en Sinaloa donde advirtió que el comercio binacional requiere que los gobiernos criminalicen el soborno y la corrupción.
“Es posible que pronto veamos acciones significativas en este frente. Así que, manténganse sintonizados”, adelantó Johnson días antes de que se hiciera pública la acusación.
Mientras el gobierno mexicano argumenta que la solicitud de extradición recibida "no contenía pruebas suficientes", el embajador Johnson reafirmó este miércoles que Washington continuará trabajando para avanzar en la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las instituciones.
La medida de la administración Trump subraya la tesis de que la crisis de seguridad en la frontera no se resolverá sin antes desmantelar el entramado de corrupción política que ampara a los cárteles en suelo mexicano.
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