La Cámara de Representantes aprueba la extensión de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera

La Cámara de Representantes aprobó este miércoles una extensión de tres años de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) al aprobar la medida con una votación de 235 a 191, la cual se produjo tras semanas de negociaciones internas lideradas por el presidente republicano de la Cámara, Mike Johnson, quien enfrentó resistencia por parte de algunos congresistas de su mismo partido, quienes expresaron sus preocupaciones por las protecciones de privacidad. En la votación final, 42 demócratas se unieron a los conservadores para apoyar la medida, mientras que 22 miembros republicanos rompieron filas para oponerse. La legislación ahora pasa al Senado, donde su futuro sigue siendo incierto mientras los legisladores se apresuran ante la fecha límite del jueves por la noche.

Con el fin de blindar el apoyo mayoritario de la facción republicana, Johnson incluyó una medida que prohíbe la futura creación de una Moneda Digital del Banco Central (CBDC), la cual es un dólar digital respaldado por el gobierno que algunos legisladores temen podría permitir la vigilancia financiera. A pesar de esto, el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, indicó que es poco probable que la medida sobreviva en la cámara alta, ya que los senadores podrían eliminarla y devolver la legislación a la cámara baja o bien optar por una extensión temporal para permitir que continúen las negociaciones sobre la reforma de la vigilancia.

Sección 702: el choque entre la seguridad y la privacidad

El punto más controversial de la ley FISA ha sido su Sección 702, la cual permite a las agencias de inteligencia de Estados Unidos recopilar comunicaciones de individuos extranjeros ubicados fuera del país. Sin embargo, tomando en cuenta que algunos de dichos objetivos interactúan con estadounidenses, tanto correos electrónicos como llamadas y mensajes que involucran a ciudadanos del país también pueden terminar en la base de datos accesible para las autoridades federales.

Durante años, legisladores demócratas y republicanos han venido impulsando mayores salvaguardas, incluyendo la exigencia de una orden judicial antes de que los funcionarios puedan buscar datos de estadounidenses dentro de ese sistema. Los partidarios de esa reforma han argumentado que esta alinearía mejor el programa con las protecciones de la Cuarta Enmienda. Si bien dicha propuesta no fue incluida en el proyecto final, los legisladores acordaron cambios más limitados, como una medida actualizada que exige que los agentes federales obtengan la aprobación de abogados antes de realizar búsquedas específicas relacionadas con estadounidenses, así como también justificaciones por escrito para cada consulta ante la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y el establecimiento de posibles sanciones penales de hasta cinco años de prisión por uso indebido.