“Oportunidad perdida”: el jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado condena el régimen de Venezuela por nombrar a un exfuncionario chavista como fiscal general
“Las autoridades interinas venezolanas deben comenzar a tomar medidas irreversibles hacia una transición que garantice la estabilidad y la recuperación económica”, advirtió el senador republicano Jim Risch.
Delcy Rodríguez (c) junto a su ministro de Exteriores (i) y su nuevo fiscal general, Larry Devoe (d)
El senador republicano Jim Risch, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, condenó este lunes el nombramiento del controvertido abogado Larry Devoe como fiscal general de Venezuela, calificándolo de "una oportunidad perdida para empoderar voces independientes por encima de los insiders del régimen de Maduro".
Desde la cuenta en ‘X’ del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Risch advirtió que "las autoridades interinas venezolanas deben comenzar a dar pasos irreversibles hacia una transición que garantice estabilidad y recuperación económica”.
The recent appointment of Larry Devoe as Attorney General of Venezuela was a missed opportunity to empower independent voices over former Maduro regime insiders. The Venezuelan interim authorities must begin to take irreversible steps toward a transition that ensures stability…
— Senate Foreign Relations Committee Chairman (@SenateForeign) April 13, 2026
El mensaje al régimen de Delcy Rodríguez, líder interina de Venezuela, proviene de un senador muy cercano a la Administración Trump, respaldado personalmente por el presidente para su reelección en 2026. Además, comparte con el secretario de Estado Marco Rubio una relación de trabajo de 16 años y una visión casi idéntica sobre política exterior, siendo el propio Risch quien presidió la confirmación unánime de Rubio como secretario de Estado en enero de 2025.
Su señal de alarma sobre Venezuela, en ese contexto, luce como una señal desde el Senado que bien podría estar alineada con la postura de la propia Administración Trump, que en las últimas semanas ha tutelado el trabajo de Delcy Rodríguez al frente del país tras la captura de Maduro.
El perfil de Devoe y las dudas sobre la transición
La Asamblea Nacional venezolana, controlada por el chavismo, confirmó a Devoe el 9 de abril con 275 votos, tras un proceso en el que fueron evaluados más de 70 candidatos. La débil bancada opositora, acusada por los críticos de legitimar una Asamblea construida a dedo por el chavismo, propuso a la académica Magaly Vásquez, quien obtuvo apenas 10 votos. Devoe, de 46 años, es un operador político de larga trayectoria en el régimen chavista: fue jefe del Consejo Nacional de Derechos Humanos, tuvo cargos en la Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la junta reestructuradora de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y ejerció como fiscal interino tras la renuncia de Tarek William Saab en febrero. Analistas venezolanos consultados por VOZ advirtieron que su designación —junto con la de la nueva defensora del pueblo, Eglée González— responde a la lógica del régimen de Delcy Rodríguez de consolidar su control y poder sobre las instituciones, en lugar de abrirlas a voces independientes.
Las designaciones, dijeron los analistas, no parecen ir en sintonía con los objetivos de Washington de lograr una transición institucional en Venezuela. Hace dos semanas atrás, a finales de marzo, el propio Rubio había adelantado que la transición política en Venezuela debía culminarse con unas elecciones, matizando que, para ello, había que crear con paciencia el contexto adecuado.
"Larry Devoe fue un cómplice del sistema de Nicolás Maduro y es una ficha de la confianza absoluta de Delcy Rodríguez. Designarlo como fiscal es una victoria en el plan de Delcy de bloquear una transición real y negociar una transición del Madurismo al Rodriguismo", dijo a VOZ el politólogo venezolano Daniel Chang, que reside en EEUU.
Padrino López, de la Defensa a la Agricultura
El Departamento de Estado, de hecho, ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena, acusado de haber utilizado su cargo como ministro de Defensa para cobrar tarifas de protección superiores a 60.000 dólares por vuelo a organizaciones narcotraficantes que transportaban cocaína desde Venezuela hacia el resto de la región. En marzo de 2020, durante el primer mandato de Trump, fue acusado formalmente de narcoterrorismo junto al exdictador Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del régimen venezolano.
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