México investiga a una gobernadora fronteriza por colaborar con agencias de EEUU contra los cárteles
La gobernadora Maru Campos comparece ante la FGR mientras Morena impulsa acusaciones por presunta violación a la soberanía nacional.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos (Archivo)
La confrontación entre el Gobierno federal mexicano y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia "Maru" Campos, escaló esta semana después de que la Fiscalía General de la República (FGR) la citara a comparecer en una investigación relacionada con la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas en la Sierra Tarahumara.
El caso ha abierto un nuevo choque político entre Morena y el Partido Acción Nacional (PAN), en medio de crecientes tensiones por la cooperación bilateral entre México y Washington en materia de seguridad y narcotráfico.
El operativo que detonó la crisis
La polémica comenzó tras un operativo realizado en abril de 2026 en Chihuahua, donde autoridades estatales y federales desmantelaron un enorme laboratorio clandestino atribuido al Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con reportes oficiales y versiones periodísticas, durante el operativo participaron agentes estadounidenses presuntamente vinculados a la CIA. Posteriormente, dos de esos agentes murieron en un accidente vehicular cuando regresaban de la zona serrana.
La presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano provocó una fuerte reacción del Gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que cualquier cooperación en seguridad debe realizarse bajo autorización federal y dentro de los límites establecidos por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Desde Morena, legisladores incluso plantearon la posibilidad de promover un juicio político contra Campos por presunta traición a la patria.
La comparecencia de Maru Campos ante la FGR
El 27 de mayo, Maru Campos acudió a las instalaciones de la FGR en Ciudad de México para responder al citatorio emitido días antes. Formalmente fue convocada en calidad de testigo, aunque su equipo jurídico denunció que la Fiscalía intenta construir un caso penal en su contra.
La gobernadora aseguró que jamás autorizó la participación de agentes extranjeros y afirmó que el operativo fue diseñado y ejecutado por instancias de seguridad y procuración de justicia con atribuciones legales para ello.
Campos también acusó al Gobierno federal de utilizar el caso con fines políticos y denunció una campaña de persecución en su contra encabezada por Morena.
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El trasfondo político: Morena, PAN y el caso Rocha Moya
La FGR también citó a Rocha Moya para comparecer tras las acusaciones provenientes de autoridades estadounidenses.
Sectores del PAN sostienen que existe un doble rasero: mientras Morena impulsa acciones contra Campos por cooperación con agencias estadounidenses, el oficialismo estaría defendiendo a políticos cercanos al partido señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Una segunda investigación contra la gobernadora
En medio de la disputa, Campos recibió un segundo citatorio relacionado con una denuncia presentada por el exgobernador Javier Corral, hoy cercano a Morena.
La investigación incluye acusaciones por presunta privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones derivadas de un intento de detención de Corral por supuestos actos de corrupción durante su administración.
La mandataria estatal sostiene que estas acusaciones forman parte de una ofensiva política para desgastar a la oposición rumbo al proceso electoral de 2027.
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Soberanía, cooperación y narcotráfico: el debate de fondo
Más allá de la confrontación partidista, el caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión histórica en México: hasta dónde puede llegar la cooperación de agencias estadounidenses dentro del territorio nacional.
Tras las reformas aprobadas en años recientes, la operación de agentes extranjeros quedó sujeta a controles más estrictos y supervisión federal. Cualquier participación fuera de esos mecanismos puede derivar en cuestionamientos legales y políticos.
Al mismo tiempo, el episodio refleja la creciente presión de Estados Unidos para ampliar la cooperación bilateral contra los cárteles mexicanos y perseguir no solo a operadores criminales, sino también a funcionarios presuntamente vinculados con ellos.
Por ahora, Maru Campos no enfrenta cargos formales, pero el conflicto ya se convirtió en uno de los principales choques políticos y diplomáticos entre Morena, la oposición y Washington en lo que va de 2026.
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