Una coalición de 15 estados logra bloquear la medida de Trump de recortar las subvenciones para la salud mental en las escuelas
Según la demanda, en febrero de 2025, el Departamento de Educación de EEUU adoptó una nueva prioridad de "eliminar la discriminación" para garantizar que las subvenciones "no apoyen ni participen en iniciativas de diversidad, equidad e inclusión".
El fiscal general de California, Rob Bonta, interviene (Archivo)
El fiscal general de California, Rob Bonta , y una coalición formada por otros 14 fiscales generales estatales demócratas han conseguido una orden judicial provisional que impide al Departamento de Educación de EEUU poner fin a dos programas federales de subvenciones para la salud mental en los centros educativos.
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington accedió a la solicitud de la coalición de una orden de restricción temporal, lo que impide al Departamento de Educación poner fin a la financiación del Programa de Subvenciones para Servicios de Salud Mental en los Centros Escolares y del Programa de Subvenciones de Demostración para Profesionales de Servicios de Salud Mental.
La orden permanecerá en vigor hasta el 24 de agosto, mientras el tribunal examina la solicitud de la coalición de una medida cautelar preliminar, el siguiente paso habitual tras una orden de restricción temporal.
Estos programas de subvenciones proporcionan orientadores, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales de la salud mental en los centros escolares, especialmente en comunidades con bajos ingresos.
La supresión de las subvenciones supondría una pérdida estimada de 20 millones de dólares en servicios de salud mental para los estudiantes del estado de Washington, según el fiscal general de Washington, Nick Brown.
La coalición presentó una demanda a principios de julio, después de que el Departamento de Educación reanudara sus esfuerzos por poner fin a las subvenciones.
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Los fiscales generales también solicitaron una orden de alejamiento temporal de carácter urgente, que el tribunal concedió. Al conceder la orden de alejamiento temporal, el tribunal concluyó que el plan de supresión del departamento probablemente infringe la Ley de Procedimiento Administrativo.
La coalición sostiene que "el plan de supresión del Departamento es probablemente arbitrario y caprichoso".
Según la demanda, en febrero de 2025, el Departamento de Educación de EEUU adoptó una nueva prioridad de "eliminar la discriminación" para garantizar que las subvenciones "no apoyen ni participen en iniciativas de diversidad, equidad e inclusión". La demanda citaba al departamento afirmando que tales esfuerzos "pueden infringir tanto la letra como el espíritu de la legislación federal en materia de derechos civiles y entrar en conflicto con la política del departamento de dar prioridad al mérito, la equidad y la excelencia en la educación".
Bonta afirmó en un comunicado que la resolución preserva los recursos fundamentales de salud mental para los centros educativos.
"La sentencia del tribunal bloquea su intento ilegal de suspender estas subvenciones mientras nuestro caso sigue su curso", afirmó el fiscal general de California. "Seguiremos luchando contra las acciones ilegales de la Administración y garantizando que las escuelas tengan un acceso justo a los servicios esenciales de salud mental".
Bonta se une a la coalición formada por otros fiscales generales de Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Míchigan, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Washington y Wisconsin.
The Center Square se puso en contacto con la oficina del fiscal general de California, el Departamento de Educación y varios distritos escolares que cuentan con estos programas de salud mental para recabar sus comentarios, pero no recibió respuesta antes de la hora de publicación.
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