La GAO señala que el riesgo de fraude es elevado en programas federales gestionados por los estados por valor de 1,1 billones de dólares
Entre los programas en cuestión se encuentran Medicaid, los cupones de alimentos y las ayudas en caso de catástrofes.
Imagen de referencia de dólares
(The Center Square) - Veinte programas federales que canalizan casi 1,1 billones (trillón) de dólares a través de los gobiernos estatales —entre ellos, Medicaid, el SNAP y la ayuda en caso de catástrofes— son vulnerables al fraude debido a la forma en que se distribuye el dinero, según informa la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO).
El dinero rara vez va directamente de Washington al beneficiario. Pasa por los estados y, a continuación, a menudo se transfiere a subbeneficiarios, contratistas y subcontratistas. Según ha constatado la GAO, cada nivel añade otro punto de entrada para el fraude, al tiempo que dificulta la supervisión.
El informe es el primero de una serie prevista por la GAO para examinar el fraude en los programas administrados por los estados. Reafirma la estimación de la agencia de que el Gobierno pierde entre 233 000 millones y 521 000 millones de dólares al año por fraude, lo que supone entre el 3 % y el 7 % de las obligaciones federales medias. La GAO advierte de que este rango refleja el riesgo a nivel de todo el Gobierno y no debe atribuirse a un único programa.
Las auditorías federales realizadas entre 2020 y 2024 revelaron "irregularidades graves y persistentes" en 18 de los 20 programas, lo que, según la GAO, indica que muchos carecen de los controles necesarios para prevenir y detectar el fraude.
En el programa SNAP, se sustrajeron más de 360 millones de dólares en prestaciones a los beneficiarios entre 2022 y 2024, lo que afectó a más de 753 000 hogares. La GAO señaló que probablemente se trate de una cifra inferior a la real, ya que muchas víctimas del robo de prestaciones nunca presentaron reclamaciones.
El tráfico por parte de los minoristas, es decir, el intercambio de prestaciones por dinero en efectivo, podría ser aún mayor. La estimación federal más reciente, basada en datos de 2015 a 2017, lo sitúa en 1.300 millones de dólares al año, lo que supone alrededor del 2 % de las prestaciones, y podría alcanzar incluso los 4.300 millones de dólares.
La GAO ha formulado unas 50 recomendaciones para reforzar los controles contra el fraude en estos programas. Las agencias han adoptado 28; 22 siguen pendientes —en la EPA, el Departamento de Energía, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano— y las agencias se han negado a aceptar plenamente nueve, según declaró un portavoz de la GAO a The Center Square. Entre ellas se incluyen recomendaciones para que el HUD evalúe los riesgos de fraude en sus subvenciones en bloque para la recuperación tras desastres y recopile datos de los contratistas para ayudar a identificar el fraude.
El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, republicano por Kentucky, solicitó el informe de la GAO en marzo. Comer afirmó esta semana que las conclusiones respaldan la labor del comité y avalan los proyectos de ley de prevención del fraude que la Cámara de Representantes ha aprobado y remitido al Senado.
"El informe de hoy de la GAO confirma que los proyectos de ley de prevención del fraude de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes proporcionarán nuevas herramientas fundamentales para combatir el despilfarro, el fraude y los abusos generalizados en los programas financiados con fondos federales y administrados por los estados", declaró Comer en un comunicado. "El Senado debe aprobar estos proyectos de ley de inmediato para que podamos dotar a las agencias federales de herramientas adicionales para salvaguardar los programas federales".
El informe de la GAO no respalda esos proyectos de ley, pero describe varias medidas pendientes como respuestas a recomendaciones específicas. La oficina de Comer señaló que el presidente se refería en términos generales a las conclusiones del informe, entre las que se incluye la ampliación del sistema "Do Not Pay" del Tesoro.
Los republicanos del Senado están impulsando su propia medida, la Ley de Protección de los Contribuyentes Estadounidenses, presentada por la senadora Joni Ernst, republicana por Iowa. Ernst calcula que supondría un ahorro de 240 000 millones de dólares para los contribuyentes.
Un programa federal no presenta ningún informe. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) no calcula los pagos indebidos del programa "Asistencia Temporal para Familias Necesitadas" (TANF), que gastó unos 16 500 millones de dólares el año pasado, alegando falta de autoridad para exigir los datos a los estados.
La GAO instó al Congreso en 2022 a otorgar esa autoridad al HHS. Se han presentado proyectos de ley, pero ninguno ha sido aprobado, y la GAO sigue considerando el asunto como pendiente.
La amenaza está superando las defensas del Gobierno, advirtió la GAO. Las redes de fraude utilizan ahora la inteligencia artificial para presentar miles de solicitudes a la vez, "a menudo reutilizando información y documentación en múltiples solicitudes", señala el informe, lo que deja a los funcionarios "un paso" por detrás. La GAO instó al Congreso a financiar un centro permanente de análisis del fraude.
El diputado Robert García, demócrata por California, miembro de mayor rango de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, y el senador Gary Peters, demócrata por Michigan, miembro de mayor rango de la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, no respondieron a las solicitudes de comentarios antes de la fecha límite.
El Departamento del Tesoro y la Oficina de Gestión y Presupuesto tampoco respondieron.
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