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La Corte Suprema de Justicia frena temporalmente la orden que obligaba a Trump a gastar en ayuda exterior

La medida ofrece más tiempo para evaluar el caso y, por ahora, se alineó con el esfuerzo del presidente de detener el uso de esos fondos.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, John Roberts

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, John RobertsWin McNamee / POOL / AFP

Sabrina Martin
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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts, ordenó frenar de manera temporal que la Administración Trump tenga que gastar 5.000 millones de dólares en ayuda exterior. La medida ofrece a la Corte Suprema más tiempo para evaluar el caso y, por ahora, se alineó con el esfuerzo del presidente Donald Trump de detener el uso de esos fondos.

Una pausa mientras la Corte evalúa

La suspensión administrativa, anunciada esta semana, no resuelve el fondo de la disputa, pero congela la orden inferior que obligaba al Ejecutivo a liberar el dinero. Roberts fijó el plazo del mediodía del viernes para que las organizaciones demandantes —grupos de ayuda internacional— presenten sus argumentos.

El dinero en cuestión fue aprobado por el Congreso para iniciativas de asistencia en el extranjero, operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU y programas de promoción de la democracia fuera de Estados Unidos. Sin embargo, de no gastarse antes del 30 de septiembre de 2025, esos recursos expirarán.

La posición de la Administración Trump

En documentos judiciales, la Administración Trump argumentó que al menos 4.000 millones de dólares de los fondos van en contra de la política exterior de Estados Unidos y contradicen la agenda de “Estados Unidos Primero”. Esa visión buscaba reducir la dependencia de programas internacionales y enfocar el gasto en prioridades internas.

El Gobierno también ha recurrido a la llamada “rescisión de bolsillo”, un mecanismo presupuestario que le permitiría bloquear parte de los fondos sin pasar por el Congreso. Además, este año Trump decidió desmantelar gran parte de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

La batalla legal en curso

Los grupos de ayuda demandaron a la Administración después de que los recursos fueran congelados. El pasado 3 de septiembre, un juez federal dictaminó que el Ejecutivo no podía retener los fondos sin autorización del Congreso, subrayando que las leyes de asignación deben cumplirse mientras no sean modificadas por el poder legislativo.
En respuesta, la Casa Blanca informó en agosto que planeaba liberar 6.500 millones de dólares de los fondos en disputa, aunque mantuvo su intención de bloquear al menos 4.000 millones bajo la figura de la rescisión.

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