21 estados demócratas demandan a la Administración Trump para seguir financiando con fondos federales la mutilación de menores transgénero

Un grupo de 21 estados liderados por gobernadores demócratas presentó una demanda para bloquear la decisión de la Administración Trump de cortar el financiamiento federal a los procedimientos de "transición de género" en menores de edad, incluidas las cirugías de mutilación genital y de otras partes del cuerpo que las clínicas ofrecen bajo el diagnóstico de disforia de género.

La demanda, radicada el miércoles ante un tribunal federal de Massachusetts, busca frenar una nueva norma del Departamento de Salud y Servicios Humanos que impediría que Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) sigan pagando con dinero de los contribuyentes este tipo de intervenciones en adolescentes. La medida, anunciada el mes pasado, está programada para entrar en vigor en octubre.

Según reportó el New York Times, los fiscales generales de estos 21 estados argumentan que la Casa Blanca se excedió en su autoridad al bloquear los reembolsos de tratamientos que, según ellos, algunos estados consideran "médicamente necesarios".

El fiscal general de California, Rob Bonta, defendió la posición explicando que el gobierno del presidente Trump, según su criterio, le da la espalda a las personas trans del país: "No nos quedaremos de brazos cruzados mientras la administración Trump excede su autoridad y distorsiona los hechos para justificar su agenda de mala fe contra los estadounidenses transgénero. Vamos a seguir luchando para garantizar el acceso a la atención médicamente necesaria y proteger la capacidad de las personas transgénero de prosperar siendo auténticamente ellas mismas".

La Administración, sin embargo, cuenta con el respaldo de un informe propio publicado el año pasado por el Departamento de Salud, que concluyó que los riesgos de estos tratamientos —hormonas, bloqueadores de pubertad y, en casos poco frecuentes, cirugías— superan cualquier beneficio médico, y recomendó priorizar la psicoterapia para los menores que experimentan una incongruencia entre su sexo biológico y su identidad percibida.

El doctor Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, defendió la nueva norma próxima a entrar en vigor: "Los niños merecen nuestra protección, no intervenciones experimentales que representan riesgos serios y no ofrecen beneficios comprobados".

La mayoría de los estados republicanos ya prohíben estos procedimientos en menores, una postura que coincide con la de varios países europeos que han restringido o directamente frenado este tipo de intervenciones tras revisar la evidencia científica disponible. Pese a ello, sociedades médicas estadounidenses como la Academia Americana de Pediatría continúan respaldando estos controvertidos tratamientos.

No es la primera vez que la Administración Trump intenta frenar este tipo de financiamiento. A comienzos de este año, un intento similar fue bloqueado por un juez federal, que dictaminó que el Gobierno federal no podía privar a hospitales que ofrecen estos tratamientos del acceso a fondos federales para otros servicios médicos, basándose únicamente en una declaración del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. No obstante, aquel caso difiere en el fondo de la nueva norma, pues aquel intento lucía como una represalia contra las instituciones de salud.

Datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) muestran que, entre 2019 y 2023, el gobierno destinó unos $100 millones a este tipo de tratamientos en menores. La cirugía, sin embargo, aún representa una fracción pequeña de esos procedimientos, aunque otros tipos de procesos, como los bloqueadores de pubertad, también se han vuelto un punto de conflicto.

Los demandantes sostienen que la nueva norma sienta un precedente peligroso, al permitir que el Ejecutivo reemplace el criterio médico estatal con sus propios parámetros. No obstante, quienes están a favor arguyen que, en este caso particular, se trata de una medida de sentido común.