El ICE vuelve a la fiscalización laboral tras el escándalo de fondos públicos en Minnesota

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha retomado con fuerza la fiscalización en lugares de trabajo, en un giro relevante de la política federal, tras el estallido de un escándalo por fraude con fondos públicos en el estado de Minnesota. La decisión marca un cambio de tono dentro de la Administración Trump, que durante gran parte de 2025 había evitado destacar este tipo de operativos ante las críticas que generan las redadas laborales.

A comienzos de diciembre, la Fiscalía federal local había imputado a seis personas y obtenido una declaración de culpabilidad en el marco de estas investigaciones. Sin embargo, el alcance del caso es considerablemente mayor. En un balance más reciente, la fiscal general Pam Bondi informó que, hasta la fecha, 98 personas han sido imputadas y más de 60 se han declarado culpables, en una investigación que lleva varios meses en curso y que continuará con nuevos procesos judiciales.

El caso ganó notoriedad pública tras la difusión de un video viral del youtuber Nick Shirley, que afirmó que múltiples guarderías de la zona operaban de manera fraudulenta. Las acusaciones fueron rápidamente amplificadas por autoridades federales. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el director del FBI, Kash Patel, reaccionaron públicamente, reforzando la idea de que el fraude con fondos del contribuyente será tratado como una prioridad federal.

En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzó a difundir videos de operativos realizados por Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el brazo investigativo de ICE, mostrando inspecciones en distintos establecimientos comerciales de Minnesota. Según el DHS, estas acciones buscan combatir un “fraude rampante” que afecta al estado y garantizar que los recursos públicos no terminen financiando actividades ilegales.

Las inspecciones incluyen auditorías laborales formales, como la verificación de formularios I-9 —utilizados para comprobar la elegibilidad laboral de los empleados— y consultas sobre el uso de E-Verify, el sistema federal para confirmar la autorización de trabajo. De acuerdo con organizaciones locales, numerosas empresas ya han recibido citaciones para entregar documentación.

Mientras tanto, el Gobierno insiste en que las investigaciones continuarán para identificar, detener y expulsar a quienes defrauden al Estado. Un portavoz del DHS afirmó a Axios que “el pueblo estadounidense merece respuestas sobre cómo se utiliza el dinero de los contribuyentes y arrestos cuando se detecta abuso”.