El DOJ demanda a Virginia por otorgar matrícula estatal y ayuda financiera a inmigrantes indocumentados
Esto se suma a una ofensiva legal más amplia de la administración Trump contra estados con leyes similares. Texas, Kentucky y Oklahoma ya acordaron eliminar la matrícula estatal para irregulares, mientras que Illinois y California continúan litigando con el tema.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi
El Departamento de Justicia (DOJ), bajo la administración del presidente Donald Trump, presentó una demanda contra el estado de Virginia por una ley que permite a inmigrantes indocumentados acceder a matrícula estatal reducida y a programas de ayuda financiera administrados por el estado para la educación superior.
En una presentación legal realizada el lunes, el DOJ argumentó que la legislación de Virginia viola directamente la ley federal de inmigración, al conceder beneficios educativos postsecundarios a personas que no se encuentran legalmente en el país, mientras dichos beneficios están vedados a ciudadanos estadounidenses que residen fuera del estado.
"La ley federal prohíbe a los estados proporcionar a extranjeros que no residen legalmente en Estados Unidos cualquier beneficio de educación postsecundaria que se les niega a ciudadanos estadounidenses", señala la demanda, citando expresamente el Título 8 del Código de los Estados Unidos, sección 1623(a), que no contempla excepciones.
El núcleo del conflicto legal
El Departamento de Justicia cuestiona específicamente los artículos 23.1-502 y 23.505.1 del Código de Virginia, los cuales clasifican a los inmigrantes indocumentados como residentes del estado bajo determinadas condiciones. Esta clasificación les permite acceder a tarifas de matrícula reducidas y a asistencia financiera estatal en universidades públicas de ese estado.
Según el DOJ, esta situación genera un trato discriminatorio, ya que ciudadanos estadounidenses de otros estados deben pagar matrículas más altas como estudiantes no residentes, mientras que inmigrantes indocumentados reciben beneficios reservados tradicionalmente a residentes legales.
"La ley impugnada favorece a inmigrantes indocumentados en detrimento de ciudadanos estadounidenses, lo cual está estrictamente prohibido y anulado por la legislación federal", sostiene la denuncia.
En ese sentido, el gobierno federal argumenta que la normativa estatal es inconstitucional bajo la Cláusula de Supremacía de la Constitución del país, que establece la primacía de la ley federal sobre las estatales en caso de conflicto.
El DOJ solicitó al tribunal que declare inválida la ley de Virginia en su aplicación a inmigrantes indocumentados y que prohíba de manera permanente su implementación.
El DOJ amplía su ofensiva nacional
En paralelo, el Departamento de Educación anunció el fin del acceso de inmigrantes indocumentados a fondos federales para educación técnica, profesional y para adultos, revirtiendo normas de la era Clinton por considerarlas contrarias a la ley federal.
La nueva interpretación también reafirma que los inmigrantes indocumentados no son elegibles para Becas Pell ni préstamos estudiantiles federales.
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