La Corte Suprema golpea a Trump y frena el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago por ahora

La Corte Suprema rechazó una solicitud de emergencia presentada por la Administración Trump para autorizar el despliegue inmediato de tropas de la Guardia Nacional en Chicago, Illinois, asestando un revés temporal a una de las estrategias de seguridad más debatidas de la Casa Blanca.

La decisión mantiene vigente el fallo de una jueza federal que había bloqueado la movilización de efectivos hacia Chicago, al considerar que el Gobierno de Trump no había demostrado una base legal clara para “federalizar” fuerzas estatales con el fin de ejecutar leyes dentro del territorio de Illinois.

Un tribunal de apelaciones ya se había negado previamente a intervenir, y el máximo tribunal tardó más de dos meses en resolver el pedido del Gobierno federal.

En su escrito, la mayoría de la Corte sostuvo que, en esta etapa inicial del litigio, la Administración Trump no logró identificar una autoridad jurídica que habilite al uso del Ejército o de la Guardia Nacional federalizada para hacer cumplir la ley estatal. Tres magistrados —Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch— disintieron públicamente de la mayoría.

Desde la Casa Blanca, el Gobierno defendió la decisión presidencial y aseguró que continuará trabajando para proteger a la población y al personal federal. Según la Administración Trump, el despliegue de la Guardia Nacional responde a la necesidad de resguardar edificios federales y a agentes del orden frente a disturbios violentos y protestas contra las políticas migratorias, incluidas manifestaciones anti-ICE.

Las autoridades de Illinois y de Chicago, demócratas, rechazaron ese argumento. En sus presentaciones judiciales, sostuvieron que la Administración Trump exageró la magnitud de la violencia y cuestionaron la fiabilidad de los informes oficiales sobre el terreno. La jueza de primera instancia coincidió con dicho planteamiento, señalando que las protestas registradas fueron aisladas y manejadas por fuerzas estatales y locales sin necesidad de intervención federal.

El fallo se inscribe en un debate más amplio sobre los límites del poder presidencial para federalizar a la Guardia Nacional. Los demócratas sostienen que Trump no cumple con los requisitos previstos en la ley federal —que, a priori, solo permite esa medida ante invasión extranjera, rebelión o incapacidad manifiesta de las autoridades locales— y acusan al presidente de utilizar la inseguridad de ciertas ciudades como pretexto para intervenir en los estados gobernados por los demócratas.

Aunque la decisión de la Corte Suprema no es definitiva, refuerza el escrutinio judicial sobre la Administración Trump y los límites del Ejecutivo.