El DOJ desplegará observadores electorales en seis condados de California y Nueva Jersey tras solicitudes republicanas
"Destinaremos los recursos necesarios para garantizar que el pueblo estadounidense tenga las elecciones justas, libres y transparentes que merece", dijo la fiscal general, Pam Bondi.

La fiscal general Pam Bondi durante una comparecencia en la Casa Blanca
El Departamento de Justicia (DOJ) anunció este viernes que supervisará centros de votación en seis jurisdicciones de California y Nueva Jersey de cara a las elecciones generales del 4 de noviembre.
En el comunicado oficial, el DOJ indicó que el objetivo es “garantizar la transparencia, la seguridad de las papeletas y el cumplimiento de la ley federal”.
La fiscal general Pam Bondi se pronunció al respecto: “La transparencia en las urnas se traduce en confianza en el proceso electoral, y este Departamento de Justicia está comprometido a mantener los más altos estándares de integridad electoral”.
"Destinaremos los recursos necesarios para garantizar que el pueblo estadounidense tenga las elecciones justas, libres y transparentes que merece", añadió.
Por su parte, el asistente del fiscal general para la División de Derechos Civiles, Harmeet K. Dhillon, comentó la importancia se preservar los votos de los estadounidenses:
"El Departamento de Justicia hará todo lo necesario para proteger el voto de los ciudadanos estadounidenses elegibles… La transparencia en los procesos electorales y la supervisión electoral son herramientas fundamentales para salvaguardar nuestras elecciones y garantizar la confianza pública en su integridad".
¿Dónde serán los monitores?
La supervisión del DOJ abarcará los siguientes condados:
- Condado de Passaic, Nueva Jersey
- Condado de Kern, California
- Condado de Riverside, California
- Condado de Fresno, California
- Condado de Orange, California
- Condado de Los Ángeles, California
La nota oficial indica que, desde este momento y hasta el Día de las elecciones, "el personal de la División de Derechos Civiles estará disponible para recibir preguntas y denuncias del público relacionadas con posibles violaciones de las leyes federales de derechos de voto".
Política
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Contexto político y desencadenante
Este anuncio ocurre en dos estados gobernados por demócratas, ambos con papeletas o contiendas de alta relevancia: California decide, entre otras cosas, si aprueba la Proposición 50 para redibujar distritos congresionales y Nueva Jersey tiene en juego la próxima gobernación, con la representante demócrata Mikie Sherrill y el republicano Jack Ciattarelli compitiendo cabeza a cabeza para suceder al gobernador Phil Murphy.
La intervención federal llega luego de que los partidos republicanos estatales solicitaran supervisión ante denuncias de irregularidades. Según diversos reportes, en Passaic (Nueva Jersey) se cuestionó que la Junta de Elecciones no permitiera cámaras en zonas de almacenamiento de papeletas o que exigiera registro de ingreso para trabajadores de boletas por correo.
En California, mientras tanto, las autoridades demócratas expresaron que esta movilización del DOJ podría interpretarse como una táctica de intimidación al voto o una intromisión federal en elecciones locales. Algunos críticos incluso comentaron que la medida podría tener una motivación más política que técnica.
Desde el entorno del gobernador Gavin Newsom, su portavoz Brandon Richards afirmó: “El despliegue de estas fuerzas federales parece ser una táctica de intimidación con un solo objetivo: suprimir el voto”.
A su vez, la secretaria de Estado de California, Shirley Weber, dijo: “No permitiremos que tácticas disfrazadas de supervisión erosionen la confianza de los votantes ni intimiden a los californianos. Nuestros votantes se han ganado el derecho a emitir su voto sin vigilancia ni interferencia de nadie”.
Del otro lado, dirigentes republicanos defendieron la presencia del DOJ como un paso necesario para reforzar la integridad del proceso, en particular en los condados donde se han denunciado fallas en el manejo de papeletas por correo. La medida vuelve a exponer la brecha entre ambos partidos sobre el alcance de la supervisión federal en cómics estatales.