Tres empleados del Departamento de Justicia filtraron información para perjudicar a Trump antes de las elecciones
Un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) del DOJ reveló la investigación y fue remitido a la Oficina del Asesor Especial para determinar si las acciones violaron la Ley Hatch, que prohíbe actividades partidistas en el ejercicio de funciones públicas.
El fiscal general Merrick Garland
Un informe publicado por la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia (DOJ) expone que tres exfuncionarios de alto rango filtraron información confidencial a la prensa con el propósito de perjudicar la campaña de Donald Trump.
El resumen del informe señaló: "Se constató la conducta indebida de tres altos funcionarios del DOJ por violar la política de confidencialidad y contactos con los medios de comunicación del Departamento, y de uno de estos altos funcionarios por violar la política de medios sociales del Departamento (...) La investigación de la OIG descubrió que tres altos funcionarios del DOJ violaron la Política de Confidencialidad y Contactos con los Medios de Comunicación del DOJ al filtrar información a periodistas seleccionados".
Trump y el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi
La investigación surgió que ciertos empleados del DOJ actuaron motivados políticamente, violando las normas de confidencialidad del departamento. Según el informe, los funcionarios filtraron datos sobre investigaciones en curso a medios seleccionados, lo que derivó en la publicación de artículos que incluían información interna no autorizada justo antes de las elecciones.
Aunque el informe no detalla qué información fue divulgada, algunas referencias a investigaciones relacionadas intentan vincular presuntamente a Trump con el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi.
El senador Chuck Grassley señaló respecto al informe que las filtraciones podrían haber incluido datos clasificados. Grassley acusó a ambas instituciones de utilizar estrategias de divulgación selectiva para influir en la percepción pública antes de los comicios presidenciales de 2024, calificándolo como un acto de interferencia electoral.
El informe ha sido remitido a la Oficina del Asesor Especial para determinar si las acciones violaron la Ley Hatch, que prohíbe actividades partidistas en el ejercicio de funciones públicas:
La OIG también remitió su informe a la Oficina del Asesor Jurídico Especial, que tiene jurisdicción exclusiva para investigar presuntas violaciones de la Ley Hatch, para que considere si la conducta de estos funcionarios violó la Ley Hatch.
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