Las sentencias a prisión de siete activistas provida avivan el debate sobre la FACE Act: "Nunca más debe volver a usarse para perseguir a antiabortistas pacíficos"

Lauren Handy, casi cinco años de prisión. William Goodman, poco más de dos años y John Hinshaw, poco menos de dos. Esas tres condenas abrieron la semana pasada la seguidilla de sentencias a activistas provida que habían sido declarados culpables de violar la ley de acceso a las entradas de las clínicas (FACE Act) a fines del año pasado.

En concreto, el Departamento de Justicia los acusó de bloquear la clínica abortiva Surgi-Clinic, en Washington D.C., en 2020. Handy, según el DOJ, fue una de las organizadoras de la "invasión" del centro: los manifestantes reservaron una cita falsa, ingresaron, atrancaron las instalaciones con cadenas y candados y se resistieron "pasivamente a sus previsibles detenciones para prolongar el bloqueo". Los fiscales aseguran, asimismo, que hirieron a una enfermera.

La versión de Martin Cannon, abogado de la Thomas More Society, ONG que asistió a la defensa, es muy distinta: "Sólo hay una cosa en torno a la cual la señora Handy y sus coacusados se unieron, y esa es la no violencia. Conspiraron para ser pacíficos".

"Por sus esfuerzos para proteger pacíficamente la vida de seres humanos inocentes antes de nacer, Handy merece agradecimiento, no una desgarradora pena de prisión", añadió Cannon y apuntó contra la FACE Act, a la que tildó de inconstitucional: "Nunca más debe volver a usarse para perseguir a antiabortistas pacíficos".

"Es profundamente decepcionante que este Tribunal no haya visto a través del humo y los espejos del Departamento de Justicia", sostuvo por su parte Steve Crampton, también de la Thomas More Society.

Los letrados prometieron apelar el fallo. Incluso antes de conocer la sentencia habían asegurado que el proceso estuvo plagado de irregularidades: desde jurados -al menos cuatro, sostienen- que realizaban donaciones mensuales a Planned Parenthood hasta evidencia de mala conducta del doctor que dirige la clínica, Cesare Santangelo, que no fue admitida como prueba.

#DeroguenFACE

A las tres sentencias del martes se sumaron otras cuatro al día siguiente. Jonathan Darnel, el otro organizador según el DOJ, fue sentenciado a casi tres años tras las rejas. Herb Geraghty, Jean Marshall y Joan Bell recibieron condenas que rondan los dos años.

"La valoración de la juez Kollar-Kotelly de que Herb utilizó la fuerza o la violencia es una mentira flagrante fruto de su claro sesgo de confirmación contra las personas contrarias al aborto", sostuvo Terrisa Bukovinac, fundadora de la organización antiabortista Progressive Anti-Abortion Uprising (PAAU), en declaraciones a The Christian Post.

Organizaciones como la PAAU aprovecharon los recientes veredictos como impulso para sus campañas contra la FACE Act. De acuerdo con la misma, además de ser inconstitucional, la ley se usa desproporcionadamente contra activistas provida.

Desde que se aprobó, afirman, se usó unas cien veces para enjuiciar a manifestantes provida y sólo tres a abortistas. Es más: "Nunca se usó en defensa de una iglesia, a pesar de que están incluidas en la ley".

El congresista Chip Roy también habló contra la norma aprobada en 1994 tras conocer las sentencias:

"La Administración Biden está utilizando la Ley FACE para imponer a los activistas provida y a los ciudadanos de la tercera edad largas penas de prisión por delitos y protestas no violentos", sostuvo por su parte el senador Mike Lee, en palabras recogidas por The Daily Signal. "Al mismo tiempo, el Gobierno hace la vista gorda ante la violencia, los incendios provocados y los disturbios llevados a cabo en nombre de causas izquierdistas 'aprobadas'".

Lee y Roy presentaron un proyecto de ley para derogar la norma a finales del año pasado. Mientras tanto, desde el DOJ prometieron seguir sirviéndose de la ley para, en palabras de la fiscal general adjunta Kristen Clarke, "proteger tanto a los pacientes que buscan servicios de salud reproductiva como a los proveedores de dichos servicios". "Haremos rendir cuentas a quienes pretendan interferir en el acceso a los servicios de salud reproductiva en nuestro país".