Tres activistas provida se enfrentan a penas de hasta 11 años por rezar frente a una clínica abortista

El Departamento de Justicia informó que tres activistas provida fueron declarados culpables por "delitos de conspiración contra los derechos civiles federales y contra la libertad de acceso a las entradas de las clínicas (FACE) por obstruir el acceso a un centro de servicios de salud reproductiva". Según los condenados, rezar frente a una clínica abortiva es el crimen por el que Jonathan Darnel, Jean Marshall y Joan Bell se enfrentan a penas de hasta 11 años de prisión, tres de libertad vigilada y una multa que podría ascender a 350.000 dólares cada uno.

"Conspiración para crear un bloqueo"

En el escrito, el DOJ señala que "los acusados participaron en una conspiración para crear un bloqueo en la clínica de salud reproductiva con el fin de impedir que la clínica prestara servicios de salud reproductiva y que los pacientes los recibieran". Para justificar el cargo de conspiración, la nota indica que "Marshall y Bell viajaron a la zona de Washington D.C. para reunirse con Darnel y participar en el bloqueo de la clínica, dirigido por otro conspirador y difundido por Facebook".

Según las pruebas presentadas por la acusación, "Marshall y Bell formaban parte de un grupo que entró por la fuerza en la clínica y se dispuso a bloquear dos puertas de la clínica utilizando sus cuerpos, muebles, cadenas y cuerdas. Una vez establecido el bloqueo, Darnel -que permaneció fuera de la clínica- retransmitió en directo sus actividades en las redes sociales. Las pruebas también demostraron que los acusados violaron la Ley FACE al utilizar una obstrucción física para lesionar, intimidar e interferir con los empleados de la clínica y un paciente, porque estaban prestando u obteniendo servicios de salud reproductiva".

Los provida aseguran que "en ningún caso se ejerció violencia"

Desde las organizaciones Provida se lamentó la sentencia, destacando que "en ningún caso se ejerció violencia". Las dos mujeres condenadas, Joan y Jean, son mayores de 70 años. Bell incluso debe moverse en silla de ruedas debido a su edad. La pena a más de una década equivale a una condena a cadena perpetua.

La dureza de la sentencia contrasta con las penas impuestas a quienes participaron en las revueltas violentas de BLM, muchos de cuyos casos han sido archivados sin recibir ningún castigo.

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