Un informe del Congreso revela que los fiscales de Nueva York redujeron los cargos penales para evitar deportaciones de inmigrantes ilegales
Una investigación del Comité Judicial de la Cámara de Representantes señala que las fiscalías del Bronx y Queens instruyeron a sus funcionarios para modificar acuerdos judiciales y evitar consecuencias migratorias, incluso en casos relacionados con armas, violencia doméstica y delitos sexuales contra menores.
Un informe publicado este lunes por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos, denuncia que fiscales de los cinco distritos de Nueva York aplicaron políticas destinadas a reducir o modificar cargos penales contra determinados acusados extranjeros para evitar que sus condenas provocaran su deportación.
La investigación, divulgada inicialmente por el New York Post, identifica prácticas especialmente controvertidas en las fiscalías del Bronx y Queens, encabezadas por las demócratas Darcel Clark y Melinda Katz.
Según los legisladores republicanos, estas oficinas permitieron considerar las consecuencias migratorias al negociar declaraciones de culpabilidad, incluso en determinados casos relacionados con delitos graves. El informe sostiene que estas prácticas otorgaron un trato preferente a acusados extranjeros frente a ciudadanos estadounidenses en situaciones comparables.
Instrucciones para modificar cargos y evitar deportaciones
Uno de los principales hallazgos corresponde a la Fiscalía del Bronx.
De acuerdo con documentos de capacitación de 2019 y 2023 obtenidos por el Congreso, los fiscales recibieron orientaciones para negociar cargos alternativos que no activaran automáticamente consecuencias migratorias.
Las recomendaciones incluían evitar determinadas referencias en los registros de condena:
- Delitos con armas: procurar acuerdos que no especificaran la presencia de un arma de fuego.
- Violencia doméstica: evitar que la relación familiar o sentimental entre acusado y víctima figurara como elemento de la condena.
- Delitos sexuales contra menores: considerar cargos alternativos que no incluyeran la edad de la víctima como elemento del delito.
Los documentos también contemplaban la posibilidad de negociar declaraciones de culpabilidad por figuras consideradas jurídicamente imposibles, que, según el análisis del comité, podrían impedir determinadas consecuencias migratorias.
El informe cuestiona estas directrices por considerar que la prioridad de evitar deportaciones puede afectar la transparencia de los antecedentes penales y la aplicación de las leyes migratorias.
Queens contó con un especialista para revisar las consecuencias migratorias
La investigación también examina las prácticas de la fiscal de Queens, Melinda Katz.
Según documentos de su propia oficina citados por el comité, la fiscalía empleó a un especialista en inmigración para asesorar a los fiscales sobre acuerdos judiciales que permitieran evitar consecuencias migratorias consideradas desproporcionadas.
Solo en 2020, ese especialista intervino en 21 casos en los que las condenas fueron reducidas o anuladas. Además, la fiscalía recomendó al entonces gobernador Andrew Cuomo conceder indultos en otros seis casos para evitar deportaciones.
El comité también obtuvo un correo electrónico en el que un fiscal de Queens describía un acuerdo de culpabilidad como seguro desde el punto de vista migratorio, aunque el acusado había reconocido varios delitos y cumplido tiempo en prisión.
Estas actuaciones no significan necesariamente que todos los beneficiarios fueran inmigrantes indocumentados. Las consecuencias migratorias de una condena también pueden afectar a extranjeros con residencia legal.
La Policía de Nueva York no atendió casi 10.000 solicitudes del ICE
El informe también aborda la falta de cooperación entre las autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según los datos presentados por el Comité Judicial, la Policía de Nueva York recibió 9.645 solicitudes de retención migratoria durante el período comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026, sin atender ninguna.
Estas solicitudes permiten al ICE pedir a las autoridades locales que notifiquen la próxima liberación de una persona susceptible de deportación o que mantengan temporalmente su custodia para facilitar su transferencia a las autoridades federales.
El comité atribuye la falta de colaboración a las políticas de ciudad santuario, que limitan la participación de las autoridades locales en la aplicación de la legislación migratoria federal.
Según la investigación, entre julio de 2018 y junio de 2026 la Policía de Nueva York recibió 20.255 solicitudes de este tipo sin cumplir ninguna.
Una investigación que reabre el debate sobre las ciudades santuario
El Comité Judicial, presidido por el republicano Jim Jordan, inició sus solicitudes de información en mayo de 2026 y posteriormente reclamó documentación adicional a las fiscalías.
La investigación también examinó prácticas en Brooklyn, Manhattan y Staten Island, donde los fiscales han considerado las consecuencias migratorias de determinadas condenas o promovido acuerdos alternativos.
La fiscal de Queens había defendido previamente que las decisiones sobre procesamientos penales estatales corresponden a las autoridades locales y no al Congreso federal.
Según el New York Post, las oficinas de las fiscales del Bronx y Queens no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre los hallazgos publicados el 26 de octubre.
El informe vuelve a situar las políticas santuario de Nueva York en el centro del enfrentamiento entre los republicanos y las autoridades demócratas de la ciudad, particularmente sobre hasta qué punto los fiscales locales deben considerar las consecuencias migratorias al negociar una condena penal.
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